Guillermo Michel

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, acusó al Gobierno nacional de retener fondos destinados al mantenimiento vial para sostener el superávit fiscal. Según un relevamiento realizado por veinte legisladores peronistas, el Ministerio de Economía habría retenido 1.165.491 millones de pesos del Sistema Vial Integrado (Sisvial), recursos que, por ley, deberían destinarse a obras y conservación de las rutas nacionales.

El diputado nacional Guillermo Michel sostuvo que la caída del empleo formal y el crecimiento de la informalidad ya muestran un cambio estructural en la economía argentina. También cuestionó la falta de políticas para la producción y el empleo.

La causa impulsada por el diputado nacional Guillermo Michel junto a Marianela Marclay y Adán Bahl sumó un nuevo avance judicial. A pedido de una perito designada por el tribunal, la Justicia Federal requirió a la CARU estudios y monitoreos sobre la calidad del agua del río Uruguay, en una decisión que refuerza la estrategia impulsada por Michel para canalizar el conflicto por la vía institucional y el cumplimiento del Tratado del Río Uruguay.

En medio de un escenario político donde la discusión por el uso de los recursos del Estado vuelve a ocupar el centro de la escena, Guillermo Michel suma un nuevo casillero de poder: fue designado miembro de la Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, uno de los órganos más sensibles del Congreso.

En un movimiento político que combina defensa productiva y anticipación estratégica, los dirigentes peronistas Guillermo Michel y Adán Bahl solicitaron una audiencia urgente con el canciller Pablo Quirno para abordar las posibles restricciones que la Unión Europea podría imponer al biodiésel argentino, con impacto directo en la producción entrerriana.

El informe presentado por el diputado nacional Guillermo Michel pone números concretos a una tendencia que ya empieza a sentirse en las administraciones provinciales: la combinación de caída de recursos, estancamiento de la recaudación propia y creciente dependencia financiera del Gobierno Nacional.

Los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, impulsan nuevas medidas judiciales para investigar el proyecto y exigir explicaciones a funcionarios del organismo binacional.

Los legisladores nacionales del peronismo, Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, iniciaron una acción judicial de prevención de daños y perjuicios contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por la instalación de la planta de combustibles sintéticos, ante el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

En medio del debate sobre el rumbo productivo del país y el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional, legisladores de distintos espacios políticos visitaron la nueva planta de SIDERSA y coincidieron en la necesidad de reforzar el respaldo a la industria nacional como motor del crecimiento, la generación de empleo y el desarrollo con valor agregado.

Dirigentes del peronismo de Entre Ríos solicitaron intervenir como amicus curiae en la causa vinculada al impacto ambiental sobre el Río Uruguay, con el objetivo de aportar información técnica y jurídica al expediente. El planteo fue aceptado por el juez federal subrogante Hernán Viri, quien consideró que los solicitantes cumplen con las condiciones necesarias de legitimación.

El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer un marco nacional para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en las escuelas de todo el país, tanto de gestión pública como privada. La iniciativa apunta a ordenar su utilización durante la jornada escolar con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y cuidar la salud de los estudiantes.

En un contexto de fuerte presión fiscal sobre el entramado productivo, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto de ley en la H. Cámara de Diputados de la Nación para modificar la Ley 11.683 y establecer un criterio de segmentación en la aplicación de multas, con el objetivo de adecuarlas al tamaño y capacidad contributiva de cada empresa.