La iniciativa, acompañada por el diputado Ariel Rauschenberger, parte de una premisa clara: no es razonable aplicar la misma multa a una multinacional que a un pequeño comercio de barrio. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió no avanzar en esa dirección y optó por eliminar la automatización en la emisión de notificaciones a contribuyentes que no sean considerados “relevantes” para la recaudación.
Esa decisión implica que las intimaciones automáticas ya no se enviarán a todos por igual. Pero, como advierte Michel en los fundamentos del proyecto, el problema de fondo permanece intacto: el monto de la multa sigue siendo el mismo, sin contemplar diferencias de escala económica.
El proyecto propone incorporar un artículo a continuación del 39 de la Ley 11.683 que habilite al Fisco a reducir las multas previstas en los artículos 38 y 39 según la categoría del contribuyente.
La escala propuesta establece reducciones de hasta:
90% para microempresas y personas humanas que no califiquen como grandes contribuyentes nacionales.
70% para pequeñas empresas.
40% para medianas tramo 1.
20% para medianas tramo 2.
De esta manera, se introduce un criterio de proporcionalidad que reconoce la distinta capacidad contributiva de cada sujeto alcanzado por el régimen sancionatorio.
Mientras el Ejecutivo eligió reducir la emisión automática de notificaciones para ciertos contribuyentes, la propuesta de Michel apunta a una reforma estructural: que la sanción económica sea acorde al tamaño de la empresa y no un castigo uniforme que termina afectando con mayor dureza a quienes menos espalda financiera tienen.
En los fundamentos presentados ante la Cámara, Michel sostiene que la propia naturaleza jurídica de las sanciones formales permite su graduación o eximición por una norma de menor rango que una ley, pero que la reducción solo puede aplicarse cuando existe una causal prevista expresamente. Por eso, el proyecto incorpora de manera explícita la segmentación como herramienta legal.
Con esta iniciativa, Guillermo Michel se posiciona en defensa de las micro, pequeñas y medianas empresas, sector que genera la mayor parte del empleo en la Argentina y que suele quedar expuesto a sanciones desproporcionadas frente a incumplimientos formales.
La propuesta no elimina las multas ni debilita la potestad del Estado para fiscalizar. Por el contrario, fortalece el principio de equidad tributaria al permitir que el Fisco aplique sanciones acordes a la realidad económica de cada contribuyente.
En tiempos donde el debate fiscal ocupa el centro de la escena, el proyecto de Michel abre una discusión de fondo: si el sistema sancionatorio debe ser uniforme o si, como plantea el diputado, debe reconocer las profundas asimetrías que existen dentro del universo productivo argentino.
