Diputados del Peronismo Federal solicitaron formalmente a la Autoridad Nacional de la Competencia que investigue posibles conductas anticompetitivas por parte de las billeteras digitales interoperables y otros proveedores no financieros de crédito autorizados por el Banco Central de la República Argentina.
La presentación apunta a determinar si estas empresas incurrieron en prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia al establecer las condiciones, tasas y costos de los préstamos ofrecidos a través de sus plataformas.
El pedido fue firmado por los legisladores Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.
Uno de los impulsores de la presentación, el diputado entrerriano Guillermo Michel, vinculó el crecimiento de estos créditos con la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades de las familias para afrontar sus gastos cotidianos.
“El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos —luz, gas y alquiler— consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos. ¿Y qué hacen? Se endeudan para comprar alimentos”, sostuvo Michel.
El legislador advirtió que las tasas aplicadas por algunas entidades llegan al 700% anual y que una parte creciente de los trabajadores, jubilados y monotributistas no consigue cumplir con el pago de sus obligaciones.
“Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media”, afirmó.
La presentación busca que la Autoridad Nacional de la Competencia analice la actividad de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre los que se encuentran mutuales y cooperativas autorizadas por el Banco Central para operar en el mercado crediticio.
Los diputados solicitaron que se releve y desglose:
El objetivo es establecer si existen distorsiones en las condiciones ofrecidas y determinar si algunas entidades se aprovecharon de la necesidad económica o de la falta de alternativas de determinados sectores de la población.
Otro de los puntos centrales del pedido es la conformación de un cuerpo pericial integrado por economistas e informáticos de la Autoridad Nacional de la Competencia.
Ese equipo tendría la tarea de auditar los algoritmos utilizados por las aplicaciones para asignar créditos y calcular el scoring de cada usuario. La investigación debería determinar qué tipo de información emplean las empresas para definir las tasas, los límites de financiamiento y las condiciones de devolución.
Los legisladores buscan conocer si las plataformas utilizan datos transaccionales no financieros para discriminar precios o establecer tasas más elevadas sobre aquellas personas que, por su situación económica o crediticia, cuentan con menos posibilidades de acceder a otras fuentes de financiamiento.
La presentación pone el foco en la falta de transparencia de los mecanismos automatizados y en la posibilidad de que consumidores con mayor vulnerabilidad terminen recibiendo las condiciones más desfavorables.
El planteo solicita investigar posibles infracciones a la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia y al artículo 36 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, referido a las operaciones de crédito para consumo.
También menciona los artículos 3º y 4º, inciso “h”, de la Carta Orgánica del Banco Central, que establecen entre sus finalidades la estabilidad monetaria y financiera, el desarrollo económico, la protección de los usuarios de servicios financieros y la defensa de la competencia.
Finalmente, la presentación hace referencia a los artículos 10 y 11 del Código Civil y Comercial de la Nación, relacionados con el abuso del derecho y el abuso de posición dominante.
A partir de la denuncia, la Autoridad Nacional de la Competencia deberá evaluar si corresponde iniciar formalmente una investigación y requerir información a las entidades alcanzadas por el planteo.
La presentación fue acompañada por:
