Juan Salguero Simoy
El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Javier Milei y, junto a otros integrantes del bloque de Unión por la Patria, envió una nota formal a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Los legisladores plantearon que el proyecto presenta “inconsistencias, opacidad y espacios de potencial discrecionalidad” en la administración de los recursos públicos y solicitaron al organismo un análisis del texto.
Michel sostuvo que el Presupuesto es “inconsistente y da discrecionalidad al Poder Ejecutivo en un año electoral” y enumeró tres elementos que, según su análisis, explican esa situación. El primero está relacionado con el superávit primario, que el Gobierno proyecta en $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PBI. “El superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI”, afirmó el diputado. La nota enviada al FMI señala que el propio proyecto no contempla dentro del cálculo del gasto tributario el costo correspondiente al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.
Según los números planteados por Michel, el gasto tributario del RIGI se estima en USD 3.359 millones anuales, equivalente a 0,49 puntos porcentuales del PBI cuando el régimen alcance su plena ejecución. Además, advierte que el 47% de la inversión total se desembolsaría hasta 2028 inclusive. Para los legisladores, si esas inversiones y su costo fiscal se concretan, la menor recaudación pondría en riesgo el resultado primario proyectado.
El segundo punto señalado por Michel es el crecimiento de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro). “La ‘Jurisdicción 91’ pasa de $5,6 a $14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio”, explicó. Según el diputado, esas partidas no cuentan con programas con metas físicas y tampoco existe, dentro del proyecto, un artículo que establezca un criterio de distribución. La carta enviada por los legisladores consigna que los créditos de esa jurisdicción ascienden a $14,9 billones, cerca del 1% del PBI, y cuestiona que sean presentados como “diversas asistencias financieras para la atención de distintos sectores económicos y sociales”.
Para Michel, esa estructura presupuestaria puede convertirse en una herramienta de presión sobre las provincias. “¿Para qué sirve?: es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos”, sostuvo. En la presentación ante el FMI, el bloque plantea que la combinación entre la subvaluación del gasto tributario y las asignaciones imprecisas de la Jurisdicción 91 puede generar “un espacio de enorme discrecionalidad potencial” para las autoridades económicas, en detrimento del financiamiento de políticas públicas prioritarias y de las decisiones del Congreso.
El tercer eje de la crítica está puesto en el fuerte crecimiento de la inversión financiera neta. Michel señaló que se duplica en términos nominales respecto de 2026 ya que pasa de $9,8 billones a $17,4 billones en 2027. El documento enviado a Georgieva precisa que este concepto incluye el incremento de inversiones financieras temporarias, la adquisición de títulos y valores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el aumento de caja y bancos, adelantos a proveedores y contratistas y otras inversiones financieras.
“¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?”, cuestionó Michel. En la misma línea, el documento sostiene que no resulta claro el propósito de destinar parte del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas a esas inversiones y acumulación de liquidez.
Finalmente, Michel señaló la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en el esquema económico que acompaña al Presupuesto 2027. “El FMI no solo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas (como el mismo gobierno lo reconoce). Por este motivo entendemos que el FMI también es responsable de este Presupuesto 2027”, afirmó. En la carta, los diputados recuerdan precisamente que el organismo puede modificar metas cuantitativas originalmente pactadas y, por eso, solicitaron un “urgente análisis” del proyecto, al considerar que no cumple con los criterios de razonabilidad y transparencia que, según plantean, deberían regir las cuentas públicas.
