Leandro Bravo
La Libertad Avanza y los aliados avalaron el proyecto de Inocencia Fiscal II.
El Senado transformó en ley este jueves el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II por el cual el Gobierno busca incentivar a los ahorristas de blanquear los "dólares del colchón" en el sistema bancario. El tablero marcó 43 votos afirmativos, 23 negativos y solo el peronismo se opuso al proyecto de ley.
El foco de la bancada que preside José Mayans reparó sobre la figura de Manuel Adorni, exfuncionario que renunció en medio de la polémica por las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Según el titular de bloque peronista, esta ley "está hecha para Adorni", y vinculó el tratamiento al retraso en la presentación de la declaración jurada del exjefe de Gabinete y primer vocero del gobierno de Javier Milei.
La iniciativa es la primera ley sancionada por el Gobierno en este período ordinario 2026 que haya sido tratada en su totalidad después del 1° de marzo, fecha en que el presidente da aperturas a las sesiones ordinarias.
Este texto redefine el concepto de “discrepancia significativa” que habilita a la ARCA a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.
Del mismo modo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado.
La discusión estuvo en los límites que se establecen para los funcionarios: si bien podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen. Tampoco aplicará para ellos la discrepancia significativa.
La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.
Por otra parte, con el fin de atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo e incentivar la regularización voluntaria, se establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
