"El Gobierno le saca $1,16 billón a las rutas para mostrar superávit", aseguró Michel, quien apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y denunció que los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles no están llegando a las provincias.
La Ley 23.966 establece que el 28,58% de la recaudación del impuesto debe ser transferido al sistema vial nacional. Sin embargo, el diputado entrerriano afirmó que solo entre enero y febrero de 2026 el Gobierno retuvo 122.530 millones de pesos que debían invertirse en infraestructura.
"El estado de las rutas argentinas ya no es solamente una cuestión de infraestructura, sino una decisión política", sostuvo Michel, quien remarcó que Entre Ríos es una de las provincias más afectadas por el deterioro de la red vial.
En declaraciones televisivas, el legislador explicó que el fondo de mantenimiento vial continúa recaudándose mensualmente, pero que el Ejecutivo decidió utilizar esos recursos para mejorar las cuentas públicas.
"El Gobierno decidió licuar el fondo vial como parte de la misma lógica de ajuste que aplicó sobre las jubilaciones y los pagos energéticos, todo para sostener el maquillaje del superávit fiscal", afirmó.
Michel cuestionó además la contradicción entre el crecimiento de la recaudación y la falta de inversión en las rutas. Según precisó, el Impuesto a los Combustibles aumentó un 378% en 2024 y un 92% en 2025, aunque esos recursos no se tradujeron en obras ni en mejoras para la infraestructura vial.
Para el diputado, las consecuencias de esta decisión son evidentes. "El costo se mide en vidas: rutas destruidas, señalización inexistente, banquinas abandonadas y un número creciente de accidentes fatales", advirtió.
Mientras el reclamo comienza a expandirse entre intendentes y gobernadores de distintas provincias, Michel aseguró que el Congreso continuará impulsando medidas para exigir el cumplimiento de la ley.
"Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo respuestas. El problema es cada vez más grave", concluyó el legislador, quien no descartó que la Justicia intervenga para determinar si existió un incumplimiento en la distribución de los fondos destinados a las rutas nacionales.
