Mientras las actividades metalúrgica y metalmecánica se encuentran entre las más golpeadas por el modelo económico actual, se profundiza la lucha por el rumbo del sindicato de supervisores y personal jerárquico, ASIMRA.
La oposición a la conducción del octogenario Luis García Ortíz anunció que se presentará para impugnar las Memorias y el Balance 2025, que se presentará en el congreso anual de este viernes 25/09. Afirman que el sindicato desvía fondos a la obra social para encubrir el vaciamiento y es allí, en la obra social, donde existen innumerables delitos denunciados.
Se trata del capítulo más reciente de un conflicto que comenzó a fines de 2025, cuando García Ortíz alteró reglas del estatuto, en complicidad con su Junta Electoral, para garantizarse una nueva reelección, cuya validez debe definir la justicia.
Por ese motivo, se sustancia actualmente una causa federal por presunta estafa procesal, defraudación, asociación ilícita, falsificación documental y utilización de documento falso, en el juzgado de Daniel Rafecas, en plena etapa de producción de prueba.
De allí se desprendió otro expediente por asociación ilícita, el 950/26, “centrado en la disposición patrimonial desde las cuentas de ASIMRA y OSSIMRA en favor de empresas prestatarias, integradas directa o indirectamente por familiares y allegados a García Ortiz y la conducción gremial que accedió a los cargos irregularmente”. Por último, existe otra en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Dirigentes, no dibujantes
“El nuevo balance que van a presentar las autoridades de ASIMRA es un enorme dibujo y por eso ya nos hemos presentado para impugnar todo en la justicia Penal Federal, como en la secretaría de Trabajo Nacional, dicha maniobra. Además les pedimos a los compañeros congresales, luego de informarlos bien, que no aprueben semejante remate de nuestra Organización”, afirmó Carlos Gutiérrez, secretario general de la regional Zárate Campana, quien fuera además candidato por la oposición por primera vez en cuatro décadas.
Las objeciones tienen que ver, en primer lugar, con que el sindicato no informa la cantidad de aportantes activos, con lo cual no es posible saber la masa de recursos a auditar ni si existen otros no declarados.
Luego, se declaran gastos por movilidad y pasajes que superan, en una proporción de 2,3 a 1 al total de la masa salarial y aportes patronales. Para la oposición, se trata de algo difícil de sostener, y por eso quieren acceder a la documentación respaldatoria.
Sin embargo, el problema mayor es la obra social. El sindicato realiza aportes de capital a la obra social, cuyo mal funcionamiento es el principal motivo de queja del sector, pero bajo la forma de transferencia directa, sin previsión de cobro ni interés pactado, por caso el 80 por ciento del resultado del ejercicio. “Si eso se vuelve incobrable, y no hay un documento que permita vislumbrar el cobro, el resultado es negativo”, afirma el informe.
También, reclaman, se consignan partidas con información incompleta, insuficiente o confusa. “Las partidas expuestas en Notas deben cumplir con los atributos cualitativos de claridad e inteligibilidad, requiriéndose la debida especificación de la razón social del deudor, la naturaleza del concepto, sus plazos de exigibilidad y las pautas financieras o de devengamiento acordadas”, sostiene el informe.
“Al no detallarse en la información complementaria la razón social de la contraparte, el origen comercial o financiero del saldo ni sus condiciones de exigibilidad, corresponde solicitar la precisa identificación del deudor y los instrumentos respaldatorios de dicha acreencia”.
