“Están financiando el superávit con el bolsillo de los más vulnerables” Juan Marino apuntó contra el desguace en el PAMI

Prestadores del PAMI realizaron un paro de 48 horas, durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida de fuerza fue impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), allí se denunció el atraso de los aranceles frente a la inflación y las demoras en los pagos. La protesta alcanzó a más de 100 centros de salud privados de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan y se sumó al de 24 horas realizada días atrás en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut.

El reclamo expone las dificultades que atraviesa el sistema de atención de los afiliados de la obra social de los jubilados, con un deterioro cada vez mayor de los ingresos de los prestadores y altas dificultades para sostener determinadas prácticas. Para el diputado nacional, Juan Marino, las medidas de fuerza no pueden interpretarse como un enfrentamiento entre profesionales de la salud y jubilados, sino como el resultado de un esquema económico que, según denunció, está llevando al límite al sistema sanitario previsional.

“Las medidas de fuerza de los médicos son la consecuencia lógica de un esquema arancelario que redujo drásticamente sus ingresos, haciendo inviable el servicio y empujando a los profesionales a suspender la atención”, sostuvo Marino. En esa línea, cuestionó las lecturas que presentan los paros y las protestas como un perjuicio provocado deliberadamente por los prestadores contra los adultos mayores y afirmó que se trata de una reacción frente al deterioro de las condiciones económicas para brindar atención.

El legislador fue particularmente crítico con la política de ajuste del Gobierno nacional y vinculó el conflicto del PAMI con la estrategia fiscal de la gestión de Javier Milei. “El “déficit cero” y el equilibrio fiscal que celebra el Ministerio de Economía es ficticio: se financia recortando las cápitas médicas de clínicas y los subsidios al 100% en los medicamentos”, afirmó. Para Marino, el discurso del “no hay plata” funciona como justificación para un proceso de desfinanciamiento que termina trasladando el costo del ajuste a los sectores más vulnerables.

El impacto de esa política, según su análisis, no se limita al funcionamiento interno de la obra social. Marino sostiene que el deterioro de las prestaciones del PAMI forma parte de un problema más amplio que afecta directamente a los jubilados, cuyos haberes ya se encuentran presionados por el aumento del costo de vida. “El desfinanciamiento del PAMI no funciona de forma aislada, sino que es la extensión sanitaria de la pérdida del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios”, señaló.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la cobertura de medicamentos. El diputado denunció que la reducción de prestaciones y de coberturas obliga a muchos adultos mayores a afrontar gastos que sus ingresos no pueden absorber. “Muchos jubilados se ven obligados a elegir entre comer o comprar sus remedios porque les quitaron la cobertura total de moléculas esenciales. Están financiando el superávit fiscal con el bolsillo de los más vulnerables”, afirmó Marino, quien también sostuvo que algunos jubilados deben recurrir a comedores populares para poder subsistir.

A la par del problema de los medicamentos, el atraso en los pagos y la pérdida del valor de los aranceles generan consecuencias sobre la propia estructura de atención. Marino advirtió que el congelamiento de los valores abonados a los prestadores puede traducirse en la suspensión de cirugías programadas, demoras prolongadas para acceder a prótesis y salida de profesionales del sistema. “El congelamiento arancelario termina cobrándose vidas debido a la suspensión de cirugías programadas, la demora de meses en prótesis y la alarmante renuncia de profesionales que deciden dejar de atender por la mutual previsional”, afirmó.

Para el diputado, la continuidad de este desguace configura un proceso de deterioro que excede una discusión puntual entre el PAMI y las clínicas. “Las protestas, los paros de clínicas y las alertas sanitarias declaradas por los trabajadores no representan un ataque de los prestadores hacia los jubilados, sino una reacción desesperada ante el ahogo financiero del Estado”, sostuvo. Marino acusó al Gobierno nacional de generar las condiciones para que el conflicto se profundice y definió la estrategia oficial como un “vaciamiento por goteo” de la obra social.

La situación, además, ya comenzó a trasladarse al Congreso, donde sectores de la oposición preparan distintas iniciativas para abordar las deudas del Estado con el sector de salud y discapacidad. La situación de los prestadores y el atraso de los aranceles también habían sido discutidos durante agosto en la Comisión de las Personas Mayores, en un contexto en el que las cámaras médicas vienen señalando un fuerte desfasaje entre la evolución de las cápitas y la inflación acumulada.

En ese escenario, Marino endureció su diagnóstico sobre las políticas aplicadas por el Gobierno nacional y las consecuencias que tienen sobre la tercera edad. “No se puede permitir este ataque brutal a los jubilados”, afirmó, al cuestionar una política que, según su mirada, combina el deterioro de las prestaciones del PAMI con la pérdida de poder adquisitivo de los haberes. Para el diputado, el resultado es un sistema cada vez más precarizado, donde los jubilados quedan atrapados entre la reducción de las coberturas, el aumento de los gastos médicos y las dificultades de los prestadores para sostener la atención.

De este modo, el paro de 48 horas realizado recientemente demuestra que el atraso arancelario, las demoras en los pagos, las dificultades para garantizar medicamentos y la salida de profesionales configuran un escenario de creciente fragilidad para una población que depende de la obra social para acceder a tratamientos y prestaciones esenciales. Mientras las autoridades nacionales sostienen la política de ajuste como parte de su estrategia fiscal, el costo de ese equilibrio está recayendo cada vez con mayor fuerza sobre los jubilados y los profesionales de la salud.