Desde marzo pasado, Galeno ART dejó oficialmente de operar y la Superintendencia de Seguros inició el proceso de liquidación de activos. En paralelo, unos 400 trabajadores continúan reclamando el pago de sus indemnizaciones, luego de años —e incluso décadas— de trabajo dentro de la empresa. Muchos de ellos cuentan con antigüedades que rondan los quince años, por lo que los montos adeudados son significativos y representan el único respaldo económico para familias que quedaron de un día para otro sin empleo.
La situación golpea principalmente a empleados administrativos y comerciales que se desempeñaban en las bases de Morón, Lomas de Zamora, Quilmes, Pilar y San Isidro. Mientras tanto, otros doscientos trabajadores lograron ser reubicados gracias a gestiones del Sindicato del Seguro, conducido por Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT. Sin embargo, para quienes quedaron afuera, la incertidumbre sigue creciendo.
La semana pasada, tras fuertes reclamos gremiales, la empresa finalmente depositó los salarios adeudados de febrero. Pero ese gesto estuvo lejos de calmar el malestar. Los trabajadores sostienen que la discusión de fondo sigue intacta: quién se hará cargo de las indemnizaciones y cuánto tiempo deberán esperar para cobrar lo que les corresponde.
Desde la conducción empresaria aseguran que la caída de la ART responde a un problema estructural del sistema, que afecta a todas las aseguradoras del sector. Sin embargo, puertas adentro de la compañía, muchos empleados y ex ejecutivos describen otra realidad. Hablan de errores de conducción, decisiones financieras fallidas y un esquema corporativo altamente concentrado donde las decisiones estratégicas nunca terminaron de profesionalizarse.
El Grupo Galeno, fundado por Julio Fraomeni, nació como una empresa de medicina prepaga y con el tiempo se expandió hacia distintos negocios. Hoy controla clínicas, sanatorios y compañías vinculadas al sistema de salud y financiero. Pero pese a la magnitud del conglomerado, los abogados del sindicato sostienen que la estructura societaria fue diseñada de tal manera que Fraomeni no puede ser considerado responsable solidario por las deudas laborales de Galeno ART.
La consecuencia práctica es brutal: aunque el grupo empresario posee activos millonarios y negocios superavitarios, los trabajadores despedidos deberán esperar el lento proceso de liquidación de la Superintendencia para intentar cobrar sus indemnizaciones. Ya se inició el trámite de “pronto pago”, pero nadie puede garantizar plazos concretos.
La paradoja resulta todavía más irritante para quienes quedaron en la calle. El mismo grupo que asegura no poder responder por las indemnizaciones es propietario de las clínicas de “La Trinidad”, una de las marcas más reconocidas de la medicina privada argentina, con sedes en Palermo, Once, San Isidro, Quilmes y La Matanza. El patrimonio inmobiliario del holding contrasta de manera obscena con la situación de cientos de familias que hoy no saben cómo afrontar alquileres, colegios o tratamientos médicos.
Detrás de este conflicto también aparece un fenómeno más amplio: la creciente financierización del negocio de la salud. Durante años, muchas prepagas y aseguradoras utilizaron excedentes y reservas técnicas para expandirse hacia otros sectores económicos. En lugar de reinvertir exclusivamente en infraestructura médica o cobertura sanitaria, parte de esos fondos se destinaron a operaciones financieras y adquisiciones empresariales.
Galeno fue uno de los ejemplos más emblemáticos de ese proceso. En 2017 adquirió Efectivo Sí, una compañía dedicada a préstamos personales para sectores no bancarizados, con tasas de interés elevadas. La apuesta mostraba hasta qué punto algunas empresas de salud comenzaron a comportarse más como grupos financieros que como prestadores sanitarios.
El problema llegó cuando el deterioro económico y el aumento de la morosidad empezaron a afectar esos negocios paralelos. El año pasado, Galeno terminó desprendiéndose de Efectivo Sí en medio de balances cada vez más complejos. Para muchos trabajadores, ese fue uno de los síntomas de una crisis que ya se incubaba desde hacía tiempo.
Mientras tanto, la discusión de fondo permanece intacta: cómo puede ser que en Argentina una empresa cierre, deje cientos de despedidos y aun así sus dueños mantengan intactos otros negocios millonarios sin asumir responsabilidades directas. La legalidad societaria podrá explicar el mecanismo, pero difícilmente alcance para justificar el costo humano de una estructura que termina socializando las pérdidas sobre los trabajadores.
Hoy, 400 familias esperan respuestas. Y mientras los expedientes avanzan lentamente entre oficinas estatales y liquidaciones judiciales, la sensación que domina entre los despedidos es que el sistema vuelve a proteger a los grandes grupos económicos mucho antes que a quienes sostuvieron durante años el funcionamiento cotidiano de la empresa.
