Juan Salguero Simoy
El deterioro financiero de la principal obra social del país comenzó a reflejarse en cierres de clínicas, suspensión de turnos, reducción de prestaciones y abandono de profesionales, conformando un posible escenario que podría dejar sin cobertura efectiva a millones de jubilados. En un contexto de fuerte ajuste fiscal, la salud de los adultos mayores aparece como uno de los sectores más expuestos por las consecuencias de la motosierra.
El impacto ya es visible en todo el país. Cerca de 5.000 prestadores, entre clínicas, sanatorios, farmacias y centros de diagnóstico, aseguran encontrarse al límite de la sustentabilidad económica. En numerosas provincias comenzaron a suspenderse turnos, prácticas ambulatorias e incluso cirugías programadas. La situación también derivó en el cierre definitivo de establecimientos que dependían casi exclusivamente de los ingresos provenientes del PAMI, dejando a miles de jubilados sin atención médica cercana y obligándolos a trasladarse decenas o incluso cientos de kilómetros para recibir asistencia.
Los casos más críticos se registran en la Patagonia y La Pampa, donde alrededor de 35 clínicas y sanatorios privados resolvieron cortar prácticamente todas las prestaciones para afiliados de la obra social. En esas provincias únicamente continúan atendiéndose emergencias catalogadas como "código rojo o naranja", mientras que las consultas generales dejaron de recibir cobertura. Los prestadores sostienen que los valores abonados por el organismo perdieron alrededor del 75% de su poder real, haciendo económicamente imposible sostener guardias permanentes o mantener planteles médicos completos.
La crisis también golpea con fuerza en la provincia de Córdoba. El cierre del Sanatorio Privado Sudeste en Marcos Juárez dejó sin atención local a unos 5.500 jubilados, que ahora deben trasladarse más de 120 kilómetros para acceder a servicios médicos. En localidades del interior bonaerense y del norte argentino, pequeñas clínicas privadas directamente dejaron de trabajar con la obra social por acumulación de deudas, mientras que hospitales municipales comenzaron a recibir una creciente demanda de pacientes derivados desde establecimientos privados que ya no pueden sostener la atención. Algunos municipios incluso denuncian que sus sistemas sanitarios registran incrementos cercanos al 30% en las internaciones como consecuencia del colapso de los prestadores del PAMI.
A este escenario se suma otro problema: la salida de médicos del sistema. Los bajos honorarios y los retrasos en los pagos provocaron que numerosos profesionales abandonaran las cartillas de la obra social, especialmente en localidades del interior donde resulta difícil reemplazarlos. Paralelamente, entidades como Capress advirtieron que varias instituciones analizan comenzar a cobrar directamente determinadas prestaciones a los afiliados para evitar el cierre definitivo, una alternativa que pondría en jaque el principio de cobertura integral que históricamente caracterizó al PAMI.
Desde el Gobierno sostienen que muchos de los problemas responden al proceso de auditorías y saneamiento del organismo. Sin embargo, las cámaras médicas responden que la discusión excede ampliamente los controles administrativos, aseguran que el verdadero problema es el desfinanciamiento estructural del sistema y la imposibilidad económica de continuar prestando servicios con aranceles congelados frente a costos que continúan aumentando.
El mayor riesgo de esta crisis no es solamente el cierre de clínicas. Lo que está en juego es la continuidad de la atención médica para más de cinco millones de jubilados que dependen casi exclusivamente del PAMI para acceder a consultas, estudios, medicamentos e internaciones. Cuando los sanatorios dejan de atender, los hospitales públicos absorben una demanda para la que muchas veces no tienen capacidad suficiente y los afiliados quedan atrapados entre listas de espera, largas distancias para conseguir atención y prestaciones cada vez más restringidas.
