Juan Salguero Simoy
El Gobierno Nacional oficializó el Decreto 467/2026, una reforma que modifica el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema, del Procurador General y del Defensor General de la Nación. Con el argumento de agilizar los procesos y reducir instancias administrativas, la medida elimina mecanismos de participación ciudadana y deja sin efecto criterios que promovían la diversidad de género, la representación federal y la especialización jurídica en la selección de los candidatos.
La eliminación de la posibilidad de que ciudadanos, organizaciones y especialistas presenten observaciones sobre los postulantes supone una reducción de los controles públicos sobre nombramientos que tienen un rol central en el funcionamiento del sistema democrático. Para distintos sectores, el decreto concentra aún más facultades en el Poder Ejecutivo y debilita herramientas que buscaban garantizar procesos de selección más abiertos y participativos.
En este contexto, POLITICAR dialogó con Natalia Salvo:
¿Qué implica esta modificación que hizo el Gobierno para elegir jueces del máximo tribunal?
Lo que hace este decreto es eliminar prácticamente todos los mecanismos de control ciudadano que todavía existían para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y esto no es una cuestión menor, porque el Poder Judicial es una pieza fundamental para consolidar un determinado modelo económico y político. Quienes ejercen el poder real en la Argentina lo saben perfectamente, y también lo saben sus representantes políticos, como el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia.
Lo que se modifica es el Decreto 222 de 2003, firmado por Néstor Kirchner. Ese decreto había incorporado un procedimiento mucho más transparente para la designación de los integrantes de la Corte Suprema. Permitía que organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de abogados, organismos de derechos humanos, periodistas y cualquier ciudadano pudieran expresar observaciones o impugnaciones respecto de los antecedentes de quienes aspiraban a integrar el máximo tribunal.
Ese mecanismo apuntaba a que la sociedad pudiera conocer cuál era la trayectoria de los candidatos, cuál había sido su desempeño profesional, cuál era su compromiso con los derechos humanos, con el Estado de Derecho y con los principios constitucionales.
Con esta modificación, buena parte de ese control desaparece. Se reduce la participación ciudadana y se concentra aún más la decisión política en el Poder Ejecutivo. Por eso digo que esta reforma no es simplemente un cambio administrativo. Es una decisión profundamente política que afecta la forma en que se construye uno de los poderes del Estado.
¿Cómo funciona hoy el proceso de designación? ¿Quiénes llegan realmente a la Corte Suprema y qué tan democrático es ese mecanismo?
Ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy el Poder Judicial argentino. Cuando hablamos de la selección de jueces solemos pensar solamente en los requisitos técnicos o académicos, pero en realidad existen mecanismos muy poco transparentes que terminan definiendo quién puede siquiera aspirar a ocupar esos cargos.
Por eso también es importante hablar de perspectiva federal y de perspectiva de género. Hoy tenemos una Corte Suprema integrada únicamente por hombres, todos provenientes de la región más concentrada del país. Es, en algún punto, la Corte Suprema de la Pampa Húmeda.
Difícilmente uno encuentre representación de provincias como Formosa, Chaco o muchas otras regiones del país. Y eso no es un dato menor, porque la perspectiva desde la cual un juez interpreta la Constitución también está atravesada por su historia, por su recorrido y por el lugar desde donde ejerce su función.
Siempre digo que un juez debe ser imparcial, pero eso no significa que sea neutral. Son conceptos distintos. La imparcialidad implica aplicar el derecho con objetividad; la neutralidad, en cambio, muchas veces termina siendo una forma de ocultar determinadas posiciones ideológicas.
¿Qué papel juega en todo esto el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura es un organismo clave porque interviene tanto en la selección como en el control disciplinario de los jueces. Sin embargo, desde hace años viene funcionando con enormes dificultades y con una fuerte influencia de los sectores corporativos del propio Poder Judicial.
En teoría, debería garantizar procesos transparentes para elegir magistrados y también investigar eventuales irregularidades cuando corresponda.
Pero muchas veces termina ocurriendo exactamente lo contrario. Los concursos se demoran durante años, existen vacantes que nunca se cubren y determinados sectores conservan un enorme poder de decisión sobre quiénes acceden finalmente a los cargos.
Eso termina generando un círculo cerrado donde los propios integrantes del sistema judicial condicionan buena parte de las futuras designaciones.
Es una estructura que necesita profundas modificaciones si realmente se pretende construir una Justicia más independiente y representativa de toda la sociedad.
¿Qué debería hacerse para comenzar realmente una transformación del Poder Judicial?
Lo primero es asumir que el problema existe y que no alcanza con denunciarlo solamente cuando una sentencia perjudica a un determinado espacio político. La discusión sobre la Justicia debe ser una política de Estado y no una reacción coyuntural frente a un fallo.
Hace falta construir consensos amplios para discutir cómo se designan los jueces, cómo se controla su desempeño, cómo se garantiza una verdadera representación federal y de género y cómo se acerca la Justicia a la ciudadanía.
También hace falta fortalecer los mecanismos de transparencia, evitar los privilegios corporativos y garantizar que quienes lleguen a ocupar esos cargos lo hagan por mérito, capacidad y compromiso con los valores democráticos.
No es una discusión sencilla ni de corto plazo, pero creo que es absolutamente indispensable. Porque mientras el Poder Judicial siga funcionando como una estructura cerrada sobre sí misma, cualquier intento de transformación profunda del país va a encontrar allí un límite muy importante.
