Juan Salguero Simoy
La crisis que atraviesa el PAMI amenaza con impactar de lleno en uno de los sectores más sensibles para los adultos mayores: los geriátricos. Mientras se multiplican las denuncias por recortes, demoras en prestaciones y dificultades para acceder a estudios y tratamientos, las residencias que alojan a miles de jubilados advierten que la situación económica se volvió cada vez más difícil de sostener.
Según denuncian los prestadores, los aranceles que perciben por cada afiliado permanecen congelados desde agosto de 2025, muy por debajo de los costos reales de funcionamiento. La brecha entre los recursos que reciben y los gastos que deben afrontar para garantizar atención médica, alimentación, enfermería y equipos interdisciplinarios obliga a muchas instituciones a absorber pérdidas constantes para poder seguir funcionando.
Las demoras en autorizaciones, estudios, prácticas y turnos médicos no solo perjudican a los afiliados, sino que terminan trasladando una mayor presión a las residencias, que muchas veces deben cubrir o acompañar necesidades que exceden sus funciones específicas para evitar que los adultos mayores queden sin atención.
Referentes del sector advierten que la continuidad de los pagos es actualmente el único factor que permite mantener en pie un sistema que ya opera al límite. Señalan que si la cadena de pagos se interrumpe o los recursos continúan perdiendo valor frente a los costos reales, podría haber riesgo de colapso en los geriátricos.
En este contexto, POLITICAR dialogó con Carolina Kurth, integrante de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos:
¿Cómo afecta la crisis de PAMI a los geriátricos?
Antes que nada me gustaría aclarar que las residencias para personas mayores somos parte de la red de cuidados de la persona mayor y cumplimos un rol que va mucho más allá de la asistencia para las actividades básicas de la vida diaria, como la higiene o la alimentación. Acompañamos de manera integral a las personas mayores.
En ese sentido, hay residencias que acceden a brindar una prestación social a través de PAMI y hoy nos encontramos con una situación muy compleja porque los aranceles permanecen congelados desde agosto de 2025.
Debido a que formamos parte de este acompañamiento integral, muchas veces las residencias terminan cubriendo faltantes o carencias que existen dentro del sistema. La situación se vuelve cada vez más difícil cuando, además del atraso arancelario, se suman las demoras para acceder a turnos médicos, autorizaciones de prácticas, estudios, laboratorios o tratamientos de fisioterapia.
También se complican las gestiones que deben realizar las familias para que las personas mayores accedan a determinadas prestaciones. Todo esto agrava aún más el panorama. Y hay que tener en cuenta que las residencias no reciben ningún tipo de aporte extraordinario por fuera de estos aranceles: seguimos pagando los mismos impuestos que cualquier otra actividad. Las residencias privadas que no son prestadoras de PAMI pagan el 21% de IVA, Ingresos Brutos y el resto de las cargas tributarias. Además, seguimos trabajando bajo una legislación que, en muchos aspectos, data de 1998.
¿Cómo funciona el sistema? ¿La residencia cobra un monto fijo por cada afiliado de PAMI?
En realidad la prestación está dirigida a la persona mayor. Para acceder a ella, PAMI evalúa no solamente la necesidad de asistencia para las actividades básicas de la vida diaria, sino también la situación socioeconómica de la persona.
Una vez aprobada la prestación, se transfiere un arancel fijo directamente a la institución. Se considera que con ese monto la residencia debe afrontar todos los costos vinculados al cuidado cotidiano de la persona: alimentación, asistencia, cuidados permanentes, atención médica y el trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales.
Además, existe una normativa específica que regula a las residencias que brindan esta prestación y que establece estándares de calidad que deben cumplirse.
¿De cuánto es actualmente ese arancel?
Hoy el arancel ronda el millón y medio de pesos por residente y por mes. Sin embargo, los costos reales que hemos calculado para una residencia habilitada se ubican cerca de los dos millones trescientos mil pesos por persona.
La diferencia entre ambos valores es la brecha que terminan absorbiendo las instituciones y constituye uno de los principales riesgos para la sustentabilidad del sistema.
Es algo que venimos advirtiendo desde hace tiempo. Cada aumento salarial del convenio colectivo de sanidad impacta directamente en la estructura de costos de una residencia. Sin embargo, esos incrementos no son acompañados por una actualización equivalente de los aranceles, por lo que la brecha se agranda cada vez más.
Entonces ¿PAMI cubre apenas una parte de lo que realmente cuesta la atención de una persona mayor?
Exactamente. Y es importante entender todo lo que implica el cuidado de una persona mayor dentro de una residencia. No hablamos solamente de alojamiento y alimentación. Una institución debe contar con asistentes para las actividades básicas de la vida diaria, enfermeros profesionales, mucamas, cocineros y un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, nutricionistas y otros profesionales.
Toda esa estructura tiene costos concretos y representa el mayor componente del gasto de una residencia. Muchas veces se piensa que acompañar o cuidar a una persona mayor no requiere una inversión significativa, pero la realidad es completamente distinta.
Además, desde 2017 nuestro país cuenta con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce el derecho a recibir cuidados profesionales y de calidad. Si no existe una estructura de financiamiento adecuada, esos derechos terminan siendo muy difíciles de garantizar en la práctica.
Cuando una persona afiliada a PAMI ingresa a una residencia, ¿ese millón y medio cubre todo lo relacionado con la estadía?
Sí. Ese monto contempla todo lo vinculado a la vida cotidiana de la persona dentro de la residencia. Lo que no incluye son las interconsultas con especialistas externos, estudios específicos, prácticas médicas o laboratorios que requieran autorizaciones particulares de la obra social.
Esas situaciones se tramitan aparte y allí aparecen muchas de las dificultades que venimos observando. Las residencias cuentan con médicos propios dentro de la institución, tanto si son prestadoras de PAMI como si no lo son. Sin embargo, muchas veces se deben realizar gestiones adicionales a través de los médicos de cabecera para conseguir determinadas autorizaciones.
Históricamente eso ya generaba demoras y complicaciones. Con la situación actual de los médicos de cabecera y las dificultades que atraviesa el sistema, esas demoras se han vuelto todavía más evidentes.
Tienen el problema del congelamiento arancelario, pero ¿la cadena de pagos está funcionando normalmente o comenzaron a registrarse demoras?
Yo creo que si la cadena de pagos se frenara estaríamos frente a un colapso total del sistema. No existe posibilidad de sostener las residencias sin una cadena de pagos fluida. Hoy los pagos se realizan y eso es lo que mantiene en pie a muchas instituciones.
Es cierto que los aranceles son insuficientes, pero ese ingreso representa el oxígeno mínimo necesario para seguir funcionando. Por eso insisto en que una interrupción de los pagos tendría consecuencias gravísimas.
Creo que existe conciencia sobre esa situación y probablemente por eso los pagos continúan realizándose con regularidad. Hasta el momento no hemos tenido una interrupción de la cadena de pagos.
¿Las residencias que no son prestadoras directas de PAMI también se ven afectadas?
Sí, porque muchas de ellas alojan a afiliados de PAMI. Las demoras en autorizaciones, estudios o prácticas médicas terminan repercutiendo igualmente dentro de la institución.
Nosotros acompañamos de manera integral a la persona mayor. Si alguien no puede acceder a una atención médica o resolver un problema de salud, esa situación también impacta sobre la residencia.
Lo vivimos claramente durante la pandemia. Muchas instituciones absorbieron situaciones extremadamente complejas y, gracias al trabajo de sus equipos profesionales, fue posible evitar un colapso aún mayor del sistema sanitario.
