Carollinne AngieEl diputado bonaerense Ricardo Lissalde volvió a poner el foco en la situación del PAMI y advirtió que el organismo atraviesa una crisis que, según su diagnóstico, excede ampliamente el conflicto puntual con clínicas y prestadores.
A partir de distintos proyectos presentados en la Legislatura bonaerense, el legislador señaló una acumulación de problemas que incluye atrasos en los pagos, dificultades para acceder a medicamentos, reducción de personal y demoras en distintas prestaciones.
“Es una crisis de fondo, no un problema coyuntural de actualización de tarifas”, sostuvo Lissalde en diálogo con POLITICAR.
Para el diputado, la convivencia de estos problemas muestra que el conflicto no puede explicarse únicamente por la discusión sobre los valores que reciben los prestadores.
En las últimas semanas, el conflicto entre el PAMI y sus prestadores se extendió a distintas provincias del país. Clínicas, sanatorios y hospitales privados de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza suspendieron en distintos momentos la atención programada a afiliados en reclamo por el retraso arancelario y la mora en los pagos, mientras que establecimientos de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa adoptaron medidas similares.
Las protestas, que incluyeron la suspensión de prestaciones programadas y la atención exclusiva de emergencias en algunos casos, expusieron la dimensión federal del conflicto.
Para Lissalde, la extensión territorial de estas medidas es uno de los elementos que demuestra la gravedad de la situación.
“Esto muestra que el conflicto ya es federal, no un problema puntual de un solo distrito”, sostuvo. Y fue aún más contundente sobre el escenario actual: “Es una crisis que ya llegó a un punto límite”.
Prestaciones, medicamentos y médicos
Bajo ese escenario el diputado viene planteando distintos aspectos de la situación del PAMI a través de iniciativas presentadas en la Legislatura bonaerense.
Uno de los casos que mencionó es el de Olavarría, distrito de la Séptima Sección Electoral que representa, donde médicos de cabecera elevaron una nota al Concejo Deliberante para advertir sobre una deuda crónica del organismo y plazos de pago vencidos.
Según señaló el legislador, también existen cortes puntuales en especialidades como cardiología y oftalmología.
Asimismo evidenció la situación de las farmacias.“El sector farmacéutico denuncia demoras de hasta tres meses en las liquidaciones del PAMI”, afirmó, y explicó que esos retrasos obligan a las farmacias a financiar con fondos propios los medicamentos que entregan a los afiliados.
Otro de los puntos cuestionados por el legislador es la situación de los médicos de cabecera. Lissalde apuntó contra la Resolución 1107/2026, que fijó un pago de $2.100 por paciente por mes.
“Es un valor que consideramos inviable y que empuja a la desvinculación de profesionales del sistema”, sostuvo.
El impacto sobre los jubilados
Otro de los puntos críticos en la crisis del PAMI, son las consecuencias sobre los jubilados y pensionados que dependen del organismo para acceder a la atención médica.
Entre los principales reclamos que reciben, Lissalde mencionó la falta de turnos, los cortes de cartilla, el cobro de copagos irregulares y las demoras en la entrega de medicamentos que anteriormente contaban con cobertura total.
“El impacto es directo y creciente”, afirmó, y remarcó además la dimensión que tiene el problema en territorio bonaerense.“La Provincia concentra la mayor cantidad de afiliados al PAMI del país, así que cualquier ajuste golpea acá con más fuerza que en cualquier otro distrito”, sostuvo.
Según advirtió, el escenario se vuelve todavía más complejo en aquellos municipios donde el efector público de salud constituye el único prestador disponible.
Menos personal y más demoras
La situación, también se refleja en el funcionamiento interno del organismo, Lissalde mencionó datos difundidos por ATE sobre una reducción de personal en agencias del PAMI del interior bonaerense. Entre los casos señalados aparece Mar del Plata, donde se perdería un 30% de la planta, y una agencia de Tandil que quedaría con apenas cinco empleados.
También mencionó la salida de trabajadores sociales en Madariaga, Pinamar y Tandil. “Esto ya genera demoras de más de seis meses en trámites como vacantes de residencias geriátricas o autorización de subsidios”, afirmó.
Para el diputado, la reducción de la estructura administrativa y médica puede profundizar aún más las dificultades en la atención. “Sin estructura administrativa ni médica no hay organismo capaz de gestionar la salud de los jubilados”, sostuvo.
Uno de los principales riesgos que plantea Lissalde es que las dificultades del PAMI terminan trasladando una mayor demanda hacia hospitales municipales y provinciales.
“Cuando el PAMI deja de pagar o acortar cobertura, el circuito se cierra en la guardia del hospital municipal o provincial”, sostuvo, y planteó que esto provoca un efecto cascada sobre las administraciones locales.
“Las administraciones locales terminan subsidiando, con recursos propios, una obligación que es exclusivamente del organismo nacional”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó la situación del Hospital Houssay de Mar del Plata, donde, según señaló, hay 25 camas cerradas por falta de personal y se suspendieron cirugías cardiovasculares y de alta complejidad por falta de insumos.
Una crisis que excede el conflicto con los prestadores
En ese marco, el diputado sostuvo que el atraso arancelario es solamente una parte de una crisis mucho más amplia, y enumeró entre los factores que configuran este escenario el atraso arancelario frente a la inflación, la deuda con prestadores, el achicamiento de personal administrativo y médico, la reducción del vademécum de medicamentos gratuitos y las denuncias de corrupción que rodean al organismo.
“Cuando todos estos problemas aparecen a la vez, ya no hablamos de un desajuste de precios sino de un vaciamiento institucional”, sostuvo.
En ese marco, consideró que se trata de una “crisis de fondo” y cuestionó la forma en que el Gobierno nacional viene administrando el organismo.
Frente a este escenario, el diputado planteó una serie de medidas que, según sostuvo, permitirían comenzar a recomponer el funcionamiento del PAMI.
Entre ellas, propuso regularizar de manera urgente la cadena de pagos a prestadores y farmacias, revisar la Resolución 1107/2026 para establecer un esquema sostenible para los médicos de cabecera, garantizar la continuidad del vademécum de medicamentos esenciales y frenar la reducción de personal en las agencias.
“Lo que planteamos en los proyectos que presenté”, explicó, es avanzar en la regularización de los pagos y garantizar condiciones que permitan sostener tanto las prestaciones como la estructura del organismo.
Y cerró con una crítica directa al Gobierno nacional: “Dejar de mirar para otro lado mientras el ajuste de las cuentas públicas se resuelve, en este caso, a costa de la atención de los adultos mayores.”
