Carollinne AngieEl conflicto del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se recrudeció y encendió nuevas alarmas por el impacto que los problemas en las prestaciones y los reclamos de los prestadores pueden tener sobre los jubilados. La situación también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre el sistema público de salud bonaerense.
En este contexto, el diputado bonaerense Carlos Fabián Luayza cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y sostuvo que “la situación de crisis del PAMI se agravó en estos dos últimos años producto de las políticas de ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional”.
En diálogo con POLITICAR, el legislador se refirió además al proyecto que presentó junto a Viviana Romano para advertir sobre la situación de emergencia sanitaria y prestacional del PAMI y puso el foco en la caída de las prestaciones y las dificultades para acceder a medicamentos.
El legislador también vinculó el deterioro del organismo con la situación económica de los jubilados, cuyos haberes, afirmó, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. “Este hecho no es ajeno a una situación que se engloba en algo más grande, que es la que están viviendo los jubilados”, señaló.
Según los datos que citó Luayza, las prestaciones del PAMI cayeron un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior. Para el diputado, esa situación se traduce en recortes que afectan tanto la atención médica como el abastecimiento de medicamentos.
Los números oficiales muestran parte de la magnitud del ajuste. De acuerdo con un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto destinado a las prestaciones del PAMI cayó 41,3% en términos reales durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2025.
El reclamo de los prestadores también está atravesado por la pérdida de poder adquisitivo de los valores que reciben del organismo. Según las cifras difundidas por las entidades del sector, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 241%, mientras que la cápita abonada por PAMI aumentó 111%.
La diferencia entre ambos indicadores, sostuvo el legislador, explica buena parte del reclamo de los prestadores, que buscan reducir la brecha entre los valores que reciben y la evolución de los costos.
El impacto del conflicto, sin embargo, podría exceder al propio PAMI. Luayza advirtió que las dificultades para acceder a prestaciones en clínicas y sanatorios pueden terminar trasladando parte de la demanda hacia el sistema público de salud bonaerense.
PAMI cuenta con alrededor de 5,4 millones de afiliados a nivel nacional. En ese contexto, el Diputado advirtió que las dificultades para acceder a prestaciones en clínicas y sanatorios podrían trasladar parte de la demanda hacia los Centros de Atención Primaria y los hospitales municipales y provinciales.
“Ven que en las clínicas no los atienden y concurren entonces a los Centros de Atención Primaria de los municipios y a los hospitales municipales y provinciales”, advirtió.
Sin embargo, desde el organismo, sostienen que cualquier actualización de los valores a los prestadores debe realizarse de manera responsable y contar con financiamiento que permita garantizar la continuidad del sistema. Asimismo, rechazó que exista un recorte generalizado de las prestaciones y aseguró que trabaja para regularizar los pagos y sostener la atención de sus afiliados.
Frente a este escenario, Luayza insistió en que el Gobierno nacional debería priorizar la atención de los jubilados y evitar que el sistema sanitario funcione como una variable de ajuste.
“La atención médica de los jubilados no puede ser bajo ningún punto de vista una variable de ajuste”, sostuvo.
