Juan Salguero SimoyEl Gobierno nacional busca avanzar en el Senado con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que propone profundas modificaciones en el régimen de propiedad y en la relación entre el Estado y los particulares. El oficialismo sostiene que la reforma brindará mayor seguridad jurídica, agilizará los desalojos y generará condiciones más favorables para atraer inversiones. Sin embargo, distintos sectores advierten que la iniciativa implica un fuerte retroceso en materia de controles estatales y protección del patrimonio territorial argentino.
Uno de los puntos que genera mayor controversia es la derogación de aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales, al eliminar el límite que impedía que más del 15% del territorio nacional, provincial o municipal quedara en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. Además, el proyecto habilita la adquisición de tierras en zonas ribereñas, áreas con grandes reservas de agua y sectores fronterizos, poniendo en jaque la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos. A esto se suman cambios en el régimen de expropiaciones, desalojos y en la Ley de Manejo del Fuego, que flexibilizan restricciones vigentes para la comercialización y el cambio de uso de campos incendiados.
El proyecto de ley obtuvo dictamen de mayoría a principios de junio, pero la falta de consensos y de los votos necesarios postergó durante más de un mes su tratamiento en el Senado. Ahora, el Gobierno busca llevar la iniciativa al recinto el próximo 8 de julio. Sin embargo, el oficialismo todavía no reúne el respaldo suficiente para garantizar su aprobación, ya que el texto continúa generando fuertes controversias por las implicancias que podría tener sobre la soberanía territorial, el control de recursos estratégicos y el equilibrio jurídico entre el derecho de propiedad y el interés público.
En este contexto, POLITICAR dialogó con Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras:
¿Qué viene a modificar realmente este proyecto de Ley?
Primero, te comento que el título con el que se presenta el proyecto es bastante eufemístico. Se instala la idea de que la propiedad privada estaría en riesgo y, bajo ese argumento, se incorporan una enorme cantidad de modificaciones que afectan distintos sectores.
El verdadero objetivo de esta ley es derogar la Ley de Tierras Rurales. Para entender la gravedad de eso hay que hacer un poco de historia. La Ley de Tierras fue sancionada en 2011 para ponerle un límite a un proceso que ya desde la década del noventa venía generando mucha preocupación: la extranjerización de la tierra.
Y cuando hablamos de extranjerización no nos referimos a ciudadanos extranjeros que vienen a vivir a la Argentina, trabajan la tierra y desarrollan su proyecto de vida acá. Eso nunca estuvo prohibido.
Nos referimos a otra cosa completamente distinta: a grandes corporaciones internacionales o grandes magnates que adquieren enormes extensiones del territorio nacional y las controlan desde el exterior.
Ese es el fenómeno que la ley intentó regular.Por eso se establecieron límites muy concretos. En primer lugar, ningún extranjero podía superar el 15% del total de las tierras rurales del país. Ese mismo límite también regía para cada provincia y para cada departamento.
Además, se establecía que una sola nacionalidad no podía concentrar la totalidad de ese porcentaje. También se fijaba un máximo de mil hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente productivo en otras regiones— y, algo muy importante, se impedía que esos grandes capitales adquirieran tierras con grandes espejos de agua o zonas ribereñas.
La ley también creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, cuya función era llevar un control permanente sobre el grado de extranjerización del territorio, y un Consejo Interministerial encargado de supervisar el cumplimiento de toda esa normativa.
Lo preocupante es que este nuevo proyecto elimina de un solo artículo prácticamente todo ese esquema de protección.
Entonces ¿detrás de una ley que parece defender la propiedad privada, en realidad se está desarmando el corazón de la Ley de Tierras?
Exactamente. Y eso es lo que muchas veces queda oculto detrás del nombre del proyecto. Estamos hablando de una ley muy extensa, con distintos libros, capítulos y decenas de artículos. Pero en un solo artículo se derogan prácticamente todos los aspectos centrales de la Ley de Tierras.
Se eliminan los límites del 15% de extranjerización, desaparecen las restricciones por nacionalidad, se eliminan los topes de superficie, dejan de existir las limitaciones para la compra de grandes espejos de agua y también se elimina el Consejo Interministerial que controlaba el cumplimiento de la ley.
Es decir, en un solo artículo desaparecen todos los instrumentos que el Estado tenía para regular este proceso. Da la sensación de que se intenta que este debate pase desapercibido, porque, en definitiva, lo que realmente está en discusión es la soberanía sobre el territorio nacional.
¿Hoy cuál es el nivel de extranjerización de tierras que existe en la Argentina?
Según la información oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, indican que aproximadamente el 5% de las tierras rurales argentinas se encuentran extranjerizadas.
A primera vista puede parecer un porcentaje bajo, pero cuando uno lo traduce en superficie comprende la verdadera magnitud del fenómeno. Estamos hablando de aproximadamente 13 millones de hectáreas.
Para tener una referencia, esa superficie equivale prácticamente a toda la provincia de Santa Fe. O, si se quiere otra comparación, es similar a la superficie total de Inglaterra. Es decir, hoy ya existe un territorio enorme del país que se encuentra bajo control de capitales extranjeros.
Y eso ocurre respetando todavía los límites que establece la ley vigente. Ahora bien, si esos límites desaparecen, el escenario cambia completamente. Porque hoy todavía existe un margen muy amplio hasta alcanzar ese 15% permitido por la legislación actual. Eso significa que podrían extranjerizar alrededor de 26 millones de hectáreas adicionales.
Por eso el verdadero debate no pasa por la propiedad privada. El verdadero debate es quién controla el territorio argentino y cuáles son los límites que el Estado está dispuesto a establecer para proteger su soberanía.
Cuando uno escucha estos números, inevitablemente surge la pregunta de por qué el Gobierno impulsa una reforma de estas características ¿Qué intereses crees que hay detrás de este proyecto?
Esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que el Gobierno viene impulsando desde que asumió y que apuntan a facilitar el ingreso de grandes capitales internacionales sobre sectores estratégicos de la economía argentina.
En ese sentido, la derogación de la Ley de Tierras se complementa con otras políticas, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las modificaciones impulsadas sobre distintas leyes ambientales y la desregulación de numerosos controles estatales.
La lógica es siempre la misma: reducir al mínimo la capacidad del Estado para intervenir y dejar que sea el mercado el que decida sobre el uso de los recursos naturales y del territorio.
El problema es que la tierra no es una mercancía cualquiera. La tierra es un recurso estratégico. Sobre ella se desarrollan la producción de alimentos, la explotación minera, la actividad energética, la conservación ambiental y el acceso al agua dulce. Cuando el Estado renuncia a regular esos procesos, también resigna herramientas fundamentales para ejercer la soberanía.
También hay quienes sostienen que este proyecto debe analizarse junto con el RIGI y otras reformas que impulsa el Gobierno. ¿Existe una relación entre todas esas iniciativas?
Sí, absolutamente. Todas estas medidas forman parte de un mismo modelo económico. El RIGI busca atraer grandes inversiones otorgando beneficios impositivos, cambiarios y regulatorios muy importantes. Si a eso se le suma la eliminación de los límites para adquirir tierras rurales, el resultado es un escenario mucho más favorable para que grandes empresas internacionales controlen no solamente la explotación de los recursos, sino también el territorio donde esos recursos se encuentran.
Y eso es especialmente delicado cuando hablamos de litio, petróleo, gas, minería, recursos hídricos o producción agropecuaria. No se trata únicamente de quién realiza una inversión. La discusión pasa por quién controla los recursos estratégicos del país y bajo qué condiciones lo hace. Insisto en que este debate debe darse de manera integral y no artículo por artículo.
Otro de los puntos que genera preocupación tiene que ver con las zonas de frontera y con las reservas de agua dulce. ¿Qué cambia concretamente si esta ley finalmente se aprueba?
Hoy la legislación establece restricciones muy claras para proteger determinados territorios considerados estratégicos. Existen limitaciones para la adquisición de tierras ubicadas sobre grandes espejos de agua, zonas ribereñas y determinadas áreas sensibles desde el punto de vista geopolítico.
Esas limitaciones responden justamente a la idea de que existen recursos que tienen un valor estratégico para cualquier Estado. Con esta derogación, muchas de esas protecciones desaparecen. Eso significa que grandes capitales podrían adquirir superficies mucho mayores, incluso en lugares donde hoy existen restricciones precisamente para preservar el interés nacional.
Cuando hablamos de agua dulce, por ejemplo, no estamos hablando solamente de un recurso ambiental. Estamos hablando probablemente de uno de los bienes estratégicos más importantes del siglo XXI.
Por eso resulta tan llamativo que se eliminen herramientas de regulación sin abrir previamente un debate profundo sobre las consecuencias que esto puede tener para el país.
Quienes defienden el proyecto sostienen que atraer inversiones es indispensable para generar crecimiento económico. ¿Qué respondes frente a ese argumento?
El problema no es la inversión extranjera en sí misma. La Argentina siempre recibió inversiones internacionales y eso forma parte del funcionamiento de cualquier economía. La discusión pasa por las condiciones bajo las cuales esas inversiones ingresan al país.
No es lo mismo que una empresa invierta para producir respetando las leyes nacionales, pagando impuestos y sometiéndose a los controles del Estado, que habilitar un esquema donde prácticamente desaparecen las regulaciones y donde el Estado renuncia a fijar límites sobre recursos estratégicos.
Todos los países desarrollados establecen algún tipo de regulación sobre la propiedad de la tierra y sobre los sectores considerados estratégicos. Se debe presentar esta discusión como una oposición entre inversión o desarrollo es un planteo falso. Se puede promover la inversión sin resignar soberanía.
¿Qué crees que está realmente en juego con este proyecto de ley?
Lo que está en discusión es mucho más que una modificación legislativa. Lo que se debate es cuál va a ser el rol del Estado argentino respecto de su territorio y de sus recursos naturales durante las próximas décadas.
Si el Estado renuncia a regular la propiedad de la tierra, también pierde capacidad para planificar el desarrollo, proteger el ambiente y garantizar que esos recursos beneficien a toda la sociedad. Por eso hablamos de soberanía.
No es una consigna vacía. Es la posibilidad de que las decisiones estratégicas sobre el territorio argentino continúen siendo tomadas por el propio país y no queden exclusivamente condicionadas por los intereses de grandes grupos económicos internacionales.
Ese debate debería darse con mucha más profundidad, porque una vez que determinados recursos o grandes extensiones del territorio pasan a manos privadas, revertir esa situación resulta extremadamente difícil. Y justamente por eso considero que esta ley merece una discusión pública amplia, transparente y con participación de toda la sociedad.
