Martín Ramirez Tacgorian
La discusión sobre la flexibilización del régimen portuario, la desregulación del sistema de practicaje, la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y otras iniciativas impulsadas por la Casa Rosada parecen responder más a consignas ideológicas que a las urgencias cotidianas de millones de argentinos. La crisis generada por la paralización de decenas de buques expuso justamente esa contradicción: una reforma diseñada bajo la lógica de la desregulación terminó provocando pérdidas millonarias y obligó al Gobierno a retroceder para evitar un daño mayor al comercio exterior.
El episodio dejó, además, una imagen política compleja. Mientras la inflación, la caída del consumo y las dificultades productivas continúan ocupando el centro de las preocupaciones sociales, el oficialismo parece concentrar buena parte de su energía en debates que entusiasman a su núcleo duro, pero que encuentran resistencia incluso entre sectores que acompañaron el cambio político en 2023.
La discusión sobre la propiedad privada y la posibilidad de ampliar la participación extranjera en la compra de tierras rurales es otro ejemplo. El Gobierno tuvo que modificar su propuesta original frente al rechazo político y social que generó la iniciativa. La idea de eliminar límites a la extranjerización terminó chocando con una sensibilidad mucho más amplia, vinculada a la soberanía y al control de los recursos estratégicos del país.
En ese contexto, comienza a instalarse la sensación de que la agenda parlamentaria oficialista funciona, muchas veces, como un mensaje dirigido a quienes ya están convencidos. Cada proyecto aparece envuelto en la narrativa de la libertad, la batalla contra "la casta" y la eliminación de regulaciones, pero pocas veces logra conectarse con las demandas inmediatas de una sociedad preocupada por el empleo, los salarios y la recuperación económica.
El problema para el Gobierno no es solamente político. Cuando las iniciativas se construyen más para reafirmar una identidad electoral que para resolver conflictos concretos, el riesgo es que la gestión termine atrapada en una dinámica permanente de confrontación. La crisis de los barcos demostró que las consignas ideológicas encuentran límites cuando impactan sobre la economía real y obligan al propio oficialismo a dar marcha atrás.
Quizás la principal incógnita hacia adelante sea si el Gobierno logrará ampliar su agenda más allá de su electorado natural o si continuará apostando a una estrategia donde cada ley funciona, antes que nada, como una señal para los propios. Porque gobernar para los convencidos puede servir para ganar elecciones, pero no necesariamente alcanza para administrar un país.
