Juan Salguero SimoyEn medio de una investigación por enriquecimiento ilícito, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció la existencia de activos que no habían sido declarados previamente y atribuyó su crecimiento económico a supuestas ganancias obtenidas a través de inversiones en criptomonedas durante su etapa en el sector privado.
La presentación de la Declaración Jurada de Manuel Adorni no logró disipar las dudas de la opinión pública sobre su situación financiera, al contrario, profundizó las críticas y puso en un aprieto al Presidente Javier Milei, quien lo defendió a capa y espada desde el inicio de la investigación.
Especialistas advirtieron que la regularización de esos fondos mediante el régimen de "inocencia fiscal" puede resolver aspectos tributarios, pero no despeja las sospechas sobre el origen del dinero ni sobre las inconsistencias detectadas entre sus ingresos declarados, sus gastos y la evolución de su patrimonio. Las sucesivas rectificaciones de sus declaraciones juradas, lejos de cerrar el tema, dejan a Adorni cada vez más cerca de tener los pies fuera de la Casa Rosada.
Mientras el Jefe de Gabinete intenta justificar el incremento de sus bienes mediante operaciones financieras que todavía generan dudas sobre su trazabilidad, las investigaciones judiciales continúan plenamente vigentes y con la posibilidad de sumar imputaciones.
En este contexto, POLITICAR dialogó con Guillermo Tiscornia, ex juez federal:
La declaración jurada que presentó Adorni ¿alivia de alguna manera la investigación por presunto enriquecimiento ilícito?
No, de ninguna manera. Esta declaración no tiene ningún impacto sobre una eventual investigación por enriquecimiento ilícito. Lo único que podría generar son efectos en el plano estrictamente tributario, es decir, respecto de cuestiones fiscales.
Las investigaciones vinculadas a un posible enriquecimiento ilícito de un funcionario público, siguen su curso independientemente de cualquier regularización impositiva. Son cuestiones completamente distintas. Además, podría existir un encuadre jurídico más amplio si no logra acreditarse adecuadamente el origen de los fondos declarados. En ese escenario, también podría analizarse una eventual figura vinculada al lavado de activos.
Recordemos que el propio Adorni sostuvo que esos fondos fueron acumulados entre 2003 y 2018, cuando todavía desarrollaba actividades en el sector privado. Sin embargo, al contrastar esa explicación con la evolución patrimonial observada desde su ingreso a la función pública, aparecen una serie de inconsistencias que llaman la atención y que seguramente serán analizadas por la Justicia.
Mencionas la posibilidad de una investigación por lavado de dinero. Eso implica necesariamente la existencia de un delito precedente. Es decir, si existe dinero sin justificar, debe haber un origen ilícito detrás.
Exactamente. El delito de lavado de activos requiere la existencia de un delito previo que haya generado esos fondos. Por eso es tan importante determinar de dónde provino realmente ese dinero.
En este caso, Adorni afirma haber realizado inversiones en criptoactivos que le permitieron multiplicar su patrimonio. Sin embargo, deberá demostrar de manera precisa cuáles fueron esas operaciones, cuándo se realizaron y cuál fue la trazabilidad de esos movimientos. Si no logra identificar claramente esas inversiones y acreditar documentalmente el recorrido de los fondos, la situación se vuelve muy compleja desde el punto de vista judicial.
Además, han aparecido elementos que generan contradicciones con la versión actual. Existen registros audiovisuales en los que, años después del período en el que dice haber obtenido esas ganancias extraordinarias, se mostraba escéptico respecto de las inversiones en criptomonedas y advertía sobre su volatilidad e incertidumbre.
Esa es una de las contradicciones más evidentes. Según su versión, durante años habría obtenido resultados extraordinarios invirtiendo en criptoactivos. Sin embargo, posteriormente aparece manifestando dudas sobre la conveniencia y la seguridad de ese tipo de inversiones.
Resulta difícil compatibilizar ambas afirmaciones. Más aún teniendo en cuenta que se desempeñaba profesionalmente como asesor financiero. Si efectivamente había logrado semejante rentabilidad mediante ese mecanismo, sería esperable una posición mucho más sólida respecto de ese mercado.
Son detalles que, aislados, podrían parecer menores, pero cuando se los analiza dentro del conjunto de elementos que rodean la evolución patrimonial, adquieren relevancia.
Resulta extraño que alguien que afirma tener 500.000 dólares ahorrados haya recurrido a préstamos para comprar inmuebles ¿no?
Exactamente. Ese es otro punto que merece ser analizado. Si una persona dispone de semejante cantidad de dinero, resulta poco comprensible que solicite préstamos importantes para concretar operaciones inmobiliarias.
Desde una perspectiva investigativa, podría interpretarse como un intento de evitar que determinados fondos quedaran expuestos dentro de operaciones que exigen controles más rigurosos respecto del origen del dinero.
Cuando intervienen bancos, escribanos y operaciones registrales, existen obligaciones legales vinculadas a la prevención del lavado de activos. Por eso resulta relevante analizar por qué se eligió determinado mecanismo de financiamiento en lugar de utilizar fondos propios.
Todo eso forma parte de los elementos que la Justicia seguramente evaluará para determinar si existe o no consistencia entre las explicaciones brindadas y los movimientos patrimoniales observados.
¿Cómo evalúa la estrategia adoptada por Adorni para explicar esta situación?
Francamente, creo que se colocó en una situación muy complicada. Las sucesivas rectificaciones patrimoniales y las distintas explicaciones que fue brindando terminaron generando más preguntas que respuestas.
Desde el punto de vista jurídico, me parece que quedó atrapado dentro de su propia versión de los hechos. Cada nueva explicación abre interrogantes adicionales y obliga a justificar aspectos que antes no estaban bajo discusión.
Por eso considero que la situación se volvió extremadamente difícil de sostener desde una perspectiva racional y jurídica.
¿Hubiera sido diferente si declaraba esos bienes al momento de ingresar a la función pública?
Sin duda. Si al asumir funciones públicas hubiera informado de manera transparente la totalidad de su patrimonio y explicado oportunamente el origen de esos fondos, probablemente el escenario sería muy distinto.
Las declaraciones tardías siempre generan sospechas porque obligan a reconstruir situaciones ocurridas muchos años atrás y dificultan la verificación de los hechos. La transparencia inicial suele evitar este tipo de problemas y reduce significativamente los riesgos de investigaciones posteriores.
Por eso, desde una perspectiva preventiva, hubiera sido mucho más conveniente realizar todas las aclaraciones al comienzo de su gestión.
¿Qué consecuencias penales podría enfrentar si las investigaciones avanzan?
Hay que ser prudentes porque todavía estamos hablando de hipótesis que deben ser investigadas. Sin embargo, podrían coexistir distintas figuras penales. Por un lado, el enriquecimiento ilícito de funcionario público. Por otro, una eventual investigación por lavado de activos. Y además podrían analizarse otras conductas vinculadas con declaraciones patrimoniales presuntamente falsas u ocultaciones maliciosas.
Si varias de esas figuras terminaran configurándose simultáneamente, la situación penal podría agravarse considerablemente. Por supuesto, eso dependerá de la prueba que logre reunir la Justicia y de las explicaciones que pueda aportar el propio Adorni.
