Juan Salguero Simoy
El Gobierno de Javier Milei volvió a fijar por decreto el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) después de que trabajadores y empresarios no alcanzaran un acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. Desde septiembre, el piso para una jornada laboral completa será de $383.800, con aumentos escalonados hasta llegar a $437.000 en abril de 2027. La actualización implica apenas $7.200 respecto del valor vigente en agosto y vuelve a dejar al ingreso mínimo muy lejos del costo de vida.
La comparación entre el valor del salario y las canastas del INDEC es alarmante. Una familia tipo de cuatro integrantes necesita $1.564.716 mensuales para no caer por debajo de la línea de pobreza, equivalente a cuatro salarios mínimos. El ingreso de $383.800 apenas alcanza para cubrir el 24,5% de esa Canasta Básica Total, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubica en $708.016, por lo que hacen falta 1,8 salarios mínimos solamente para cubrir los alimentos básicos.
La situación tampoco mejora cuando se analiza el caso de un trabajador individual. Para una sola persona, la Canasta Básica Total alcanza los $506.381, por encima del salario mínimo vigente. Es decir que incluso un trabajador que cobra el piso legal de remuneración se encuentra 24% por debajo de su propia línea de pobreza, una situación que pone en cuestión la capacidad del salario mínimo para cumplir con la función de garantizar las condiciones básicas de vida.
A diferencia de años atrás, la comparación con otros países de la región ubica a la Argentina como uno de los salarios más bajos. Tras el aumento de septiembre el piso salarial en nuestro país es de US$260, muy por debajo de los US$635 en Uruguay, US$613 en Chile, US$505 en Colombia y US$314 en Brasil. Aunque las conversiones dependen del tipo de cambio y no permiten medir por sí solas el poder de compra, la comparación muestra el fuerte rezago nominal argentino frente a varias de las principales economías latinoamericanas.
El problema de este aumento, es que se produce sobre un salario que ya viene perdiendo capacidad de compra. El deterioro acumulado desde noviembre de 2023 significa que el trabajador que depende del salario mínimo necesita cada vez más ingresos adicionales para afrontar gastos básicos como alimentación, vivienda, transporte y servicios. En ese escenario, el salario mínimo deja de funcionar como una herramienta efectiva para garantizar un piso de bienestar y pasa a convertirse en un indicador más de la pérdida de poder adquisitivo que atraviesa al mercado laboral.
Este ingreso funciona como un piso de referencia para el mercado laboral y también interviene en la determinación de prestaciones como el seguro de desempleo y distintos programas sociales. Cuando ese piso queda tan alejado del costo de vida, el empleo registrado deja de ser necesariamente sinónimo de estabilidad económica y aumenta la presión sobre los trabajadores para complementar sus ingresos
Es decir que tener un empleo registrado no necesariamente alcanza para dejar atrás la pobreza. Cuando el ingreso mínimo queda por debajo incluso de las necesidades básicas individuales y muy lejos del costo de una familia, aumenta la necesidad de sumar horas de trabajo, recurrir al pluriempleo o complementar los ingresos mediante actividades informales. El debate sobre el salario mínimo, entonces, no se reduce a cuánto decide aumentarlo el Gobierno: pone en discusión qué nivel de ingresos considera suficiente el modelo económico para quienes viven de su trabajo.
