Juan Salguero Simoy
Inspirado en el modelo estadounidense, el proyecto “Shutdown”, busca congelar el gasto público cuando se agoten las partidas presupuestarias o cuando no exista un presupuesto aprobado, con el objetivo de garantizar el déficit cero. El Ejecutivo sostiene que esta regla permitiría terminar con el déficit fiscal permanente y evitaría que los gobiernos financien el gasto mediante emisión monetaria o endeudamiento.
El esquema diseñado por el equipo económico encabezado por Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili plantea eliminar la posibilidad de ampliar partidas presupuestarias durante el año. Una vez consumidos los fondos autorizados, las áreas consideradas "no esenciales" dejarían de funcionar, sus empleados serían suspendidos sin goce de haberes y solo continuarían operativos servicios críticos como seguridad, salud, defensa, jubilaciones y asignaciones sociales. Sin embargo, el mecanismo supone un cambio radical respecto de la legislación vigente, que hoy permite readecuar partidas para garantizar la continuidad del Estado.
A diferencia de Estados Unidos, donde la inflación suele mantenerse en niveles muy bajos, un presupuesto aprobado con meses de anticipación pierde rápidamente capacidad de compra. Si las partidas permanecen congeladas mientras los precios continúan aumentando, el dinero previsto podría agotarse mucho antes de finalizar el ejercicio fiscal. En ese escenario, ministerios, universidades, organismos científicos, programas sociales o dependencias administrativas podrían verse obligados a interrumpir su actividad no porque hayan gastado de más, sino porque la inflación licuó los recursos disponibles.
El actual sistema de administración financiera permite prorrogar presupuestos anteriores y reasignar partidas justamente para evitar que el Estado deje de prestar servicios esenciales. El proyecto oficial busca eliminar esa flexibilidad y convertir el agotamiento presupuestario en una interrupción automática del funcionamiento estatal. Paradójicamente, el propio Gobierno viene administrando desde hace más de dos años con un presupuesto prorrogado, una situación que habría vuelto prácticamente inviable este mecanismo si ya estuviera vigente. Esa contradicción alimenta las críticas de quienes sostienen que el "shutdown" funcionaría más como una herramienta de presión política sobre el Congreso que como una verdadera regla de disciplina fiscal.
El impacto económico también podría ser significativo. La suspensión de trabajadores públicos y la paralización de organismos implicarían una reducción inmediata del consumo interno en numerosas provincias donde el empleo estatal representa una parte importante de la actividad económica. A ello se sumarían posibles conflictos judiciales por la interrupción de servicios que el Estado tiene obligación legal de garantizar y una creciente incertidumbre para proveedores, universidades, organismos de investigación y administraciones provinciales que dependen de fondos nacionales para sostener su funcionamiento cotidiano.
Alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas constituye un objetivo legítimo, pero convertir el cierre automático de organismos en la principal herramienta para garantizarlo supone trasladar el costo del ajuste directamente sobre el funcionamiento institucional. En una economía inestable un mecanismo de estas características podría transformar un problema fiscal en una crisis administrativa permanente.
