Juan Salguero Simoy
Tener un empleo registrado dejó de ser una garantía de estabilidad económica en Argentina. Aunque la inflación parece desacelerarse, los salarios continúan corriendo desde atrás y acumulan una pérdida sostenida de poder adquisitivo que empuja a millones de trabajadores a buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes. La problemática se torna evidente: la inflación baja, pero el bolsillo no se recupera, mientras el costo de vida sigue muy por encima de los ingresos.
Los datos muestran con claridad ese deterioro. En mayo de 2026, los salarios registrados crecieron apenas un 1,8%, mientras que la inflación alcanzó el 2,1%, profundizando una tendencia en la que los ingresos perdieron contra los precios en ocho de los últimos nueve meses. El sector privado formal obtuvo un aumento del 2%, apenas por debajo del IPC, mientras que los trabajadores estatales recibieron un 1,5%, consolidándose como uno de los grupos más afectados por la pérdida del poder de compra. Aunque en junio las paritarias lograron superar levemente la inflación mensual del 1,9%, los especialistas coinciden en que eso apenas representa un freno en la caída y no una verdadera recuperación salarial.
La problemática aparece con mayor fuerza al observar los datos interanuales. Mientras la inflación acumulada en los últimos doce meses llegó al 33,5%, los salarios bajo convenio registran una caída real del 5,2%, y en el empleo público el deterioro asciende al 10,1% respecto del año anterior. Como consecuencia, el 80% de la población ocupada percibe ingresos inferiores a los necesarios para cubrir la Canasta Básica Total, que en junio alcanzó los $1.531.473 para una familia tipo. En la práctica, esto significa que incluso quienes tienen empleo formal permanecen bajo la línea de pobreza o muy cerca de ella.
El deterioro salarial también modificó profundamente las dinámicas laborales de los argentinos. La necesidad de generar ingresos adicionales impulsó un récord de 1,6 millones de argentinos con pluriempleo, equivalente al 12,2% de la población ocupada. Son trabajadores que cumplen una jornada completa y luego manejan en aplicaciones, realizan repartos, venden comida casera o dictan clases particulares para complementar ingresos. Paralelamente, la informalidad alcanzó un máximo histórico del 44,2%, reflejando que cada vez más personas quedan fuera de los circuitos laborales registrados.
Detrás de este fenómeno aparece un modelo económico que logró desacelerar la inflación principalmente por la caída del consumo y la fuerte contracción de la actividad, pero sin generar una recuperación equivalente de los ingresos. Las paritarias se adaptaron rápidamente a la baja inflación mensual, aunque sin recomponer lo perdido durante los meses anteriores. A eso se suman el incremento de tarifas, la persistente recesión y un mercado laboral debilitado, donde muchas empresas encuentran dificultades para otorgar aumentos reales mientras avanzan modalidades de contratación más precarias. Los cambios que se impulsaron con la sanción de la Reforma Laboral redujeron incentivos para registrar trabajadores, favoreciendo la expansión de la informalidad.
La consecuencia trasciende las estadísticas. Argentina enfrenta la consolidación de una nueva figura: la del trabajador pobre, personas que cumplen jornadas completas, en ocasiones aportan al sistema y, aun así, necesitan endeudarse, aceptar un segundo empleo o recurrir a “changas” para sostener gastos básicos. En ese escenario, la desaceleración de la inflación pierde parte de su impacto positivo, porque el verdadero desafío ya no es únicamente frenar los precios, sino reconstruir salarios capaces de recuperar el consumo, reducir la precarización y devolver al trabajo formal el rol de principal herramienta de movilidad social ascendente.
