Juan Salguero Simoy
La comunidad universitaria prepara la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre, buscando volver a poner en el centro de la agenda pública la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario. La fecha exacta todavía resta confirmarse, pero el objetivo ya está definido: volver a construir una respuesta colectiva frente al ajuste y al incumplimiento del Gobierno Nacional.
La movilización ya es precedida por un plan de lucha durante septiembre. Este martes 8 se desarrolla un paro nacional total de actividades por 24 horas, que alcanza tanto al dictado de clases como a las tareas administrativas, sumándose al ya realizado el 2 de septiembre. Las protestas continuarán el 15 de septiembre con una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, mientras que el 17 habrá una movilización y acto frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, coincidiendo con la nueva convocatoria a la negociación paritaria, que volvió abrirse tras 2 años sin realizarse por decisión del Ejecutivo.
En la última negociación salarial, el Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, un 6% acumulado para el bimestre. Para los gremios universitarios, la propuesta resultó completamente insuficiente frente a una pérdida del poder adquisitivo que estiman superior al 30%. El Frente Sindical de Universidades Nacionales calificó la oferta como “insuficiente y vergonzosa” y anunció la continuidad de las medidas de fuerza.
Además del reclamo salarial, los sindicatos y las autoridades universitarias exigen la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos para actualizar los recursos destinados al sistema y recomponer el poder adquisitivo. La norma, aprobada en dos ocasiones por el Congreso de la Nación, lleva más de 300 días sin una implementación efectiva, por lo que las universidades continúan enfrentando dificultades para sostener su funcionamiento, la investigación científica y los hospitales universitarios.
La lucha universitaria no es solo de los trabajadores, también es de los estudiantes. Las organizaciones estudiantiles reclaman una actualización urgente de las becas Progresar y Manuel Belgrano, cuyos montos quedaron cada vez más alejados de las necesidades económicas de quienes asisten a las casas de estudio. El planteo apunta a que el deterioro de los ingresos podría convertirse en una barrera que dificulte la permanencia en la universidad pública. En paralelo, se reclama garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El conflicto también comienza a proyectarse sobre el presupuesto de 2027. En ese marco, el Consejo Interuniversitario Nacional prepara un proyecto de presupuesto universitario propio por alrededor de $11 billones, que será presentado formalmente ante el Congreso. La intención es instalar la discusión presupuestaria frente a los legisladores y advertir que el deterioro de los recursos no puede prolongarse indefinidamente sin poner en riesgo las condiciones en las que las universidades desarrollan sus tareas de enseñanza, investigación, extensión y asistencia.
En ese escenario, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, se convirtió en una de las voces más firmes entre las autoridades universitarias. Fue quien impulsó en el plenario de rectores la realización de una nueva Marcha Federal y planteó la necesidad de recuperar el respaldo social que tuvieron las movilizaciones anteriores. Al mismo tiempo, anticipó que el CIN avanzará por la vía judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y que recurrirá a todas las herramientas disponibles para que el Poder Ejecutivo cumpla con una norma sancionada por el Congreso.
Bartolacci sintetizó el conflicto al señalar que “el problema no es administrativo, es político”, aunque también dejó abierta la puerta al diálogo: “A cualquier instancia de diálogo que implique encontrar respuestas, vamos a estar”. Sobre la situación de los trabajadores universitarios, sostuvo: “Hoy lo más angustiante es la situación de docentes y no docentes que requieren una recomposición porque todos los meses siguen perdiendo con la inflación. No pedimos privilegios, pedimos salarios dignos para seguir formando buenos profesionales”. Y frente al incumplimiento de la ley, advirtió: “Que no se cumpla la ley es peligroso en términos de la institucionalidad democrática. No está bien que la ley tenga validez solo cuando conviene”. Con un nuevo paro, clases públicas, movilizaciones y una quinta Marcha Federal en el horizonte, la comunidad universitaria vuelve a organizarse para defender la universidad pública y reclamar que el derecho a estudiar, enseñar e investigar no quede subordinado al ajuste que propone el Gobierno Nacional.
