Juan Salguero Simoy
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un escrito ante la Justicia para solicitar que el Estado sea intimado a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar vigente que ordena garantizar el financiamiento universitario. El reclamo se produce mientras los gremios docentes y no docentes preparan un paro nacional para el día de mañana, 12 de agosto, motivado por la profundización del deterioro salarial y el recorte de recursos para las instituciones.
La presentación del CIN se realizó luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmara la vigencia de la medida cautelar, tras el rechazo de los recursos presentados por el Poder Ejecutivo ante la Corte Suprema. Con una votación unánime, los rectores reclamaron que el Gobierno acate de manera íntegra la resolución judicial. Las universidades denuncian que el Ejecutivo no actualizó los salarios docentes y no docentes como establecía la Ley de Financiamiento Universitario, además de mantener frenados fondos destinados a becas estudiantiles y congeladas partidas para los hospitales universitarios.
Mientras las universidades exigen coherentemente el cumplimiento pleno de la ley votada y aprobada en el Congreso, el Ejecutivo se excusa en el aumento salarial que aplicó durante el mes de junio. Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias sostienen que se cumplió con el acuerdo paritario, que contempló un incremento efectivo del 21,33% y un 3% adicional previsto para octubre. Desde la cartera consideran que no existe incumplimiento y remarcan que la negociación tenía un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para revisar la situación salarial.
La comunidad universitaria, sin embargo, sostiene que ese incremento es independiente del cumplimiento del Financiamiento Universitario y que se deben respetar los recientes fallos judiciales. Según el planteo de rectores y gremios, el aumento de junio debe considerarse apenas un pago a cuenta frente a la obligación de actualizar los salarios tomando como referencia noviembre de 2023 y ajustándolos por inflación, tal y como se aprobó en el Congreso de la Nación.
Bajo esa interpretación, los trabajadores deberían haber recibido a comienzos de agosto un incremento adicional de al menos 28,5%. La ausencia de esa diferencia es presentada por las universidades como un incumplimiento de una orden judicial, profundizando una disputa que ya no se limita a la discusión presupuestaria, sino que alcanza el respeto de las decisiones de la Justicia.
El impacto sobre los trabajadores universitarios se vuelve cada vez más visible. Los gremios denunciaron que los salarios cobrados a principios de agosto llegaron sin los aumentos que, según su interpretación de los fallos, correspondían. Frente a lo que califican como una falta de respuestas del Gobierno, las federaciones docentes y no docentes convocaron a un paro nacional total de actividades para el 12 de agosto, bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”. La medida de fuerza vuelve a poner en las calles el conflicto por el financiamiento de la educación superior.
Las universidades denuncian que el ajuste presupuestario y salarial está deteriorando el funcionamiento de las instituciones y las condiciones laborales de quienes las sostienen. La intimación judicial por cinco días y el nuevo paro nacional muestran que el conflicto está lejos de resolverse. Sin el cumplimiento efectivo del financiamiento universitario, se avecina una nueva marcha federal, que expondrá nuevamente el desguace de la educación pública y significará un nuevo golpe político-social para la administración de Javier Milei.
