Juan Salguero Simoy
Tras más de dos años de conflicto, marchas masivas y diversos paros por el financiamiento universitario, el Gobierno Nacional y las universidades nacionales avanzaron en un acuerdo que busca descomprimir la crisis que atraviesa el sistema público de educación superior. La propuesta incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes, fondos para hospitales universitarios, aumentos de las becas Manuel Belgrano, además de partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio.
Sin embargo, el entendimiento no implica el cierre definitivo del conflicto. Si bien el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) valoró la apertura de una instancia de negociación, distintos sectores de la comunidad universitaria advierten que la mejora acordada está lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años que, según informes de la UNLP y UBA, llegaría a un 52% de deterioro salarial.
La propuesta contempla un incremento cercano al 25% en dos tramos. La cifra fue aceptada por diferentes gremios docentes y no docentes, pero también rechazada por otros, por lo que la tensión con los trabajadores continuaría. Además, los rectores decidieron mantener la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el CIN esperan un guiño de la Corte Suprema de Justicia, para que se falle a favor del proyecto aprobado en dos ocasiones por el Congreso de la Nación.
El acuerdo aparece como un alivio parcial para un sistema que continúa con una crisis presupuestaria y con salarios por debajo de la línea de pobreza. Mientras el Gobierno lo presenta como una salida al conflicto, desde las universidades insisten en que los recursos comprometidos no revierten la pérdida salarial ni resuelven los problemas estructurales que motivaron las sucesivas marchas federales.
En este contexto, POLITICAR dialogó con Santiago Gándara, docente de la UBA:
¿Cómo es que se llega a este acuerdo con el Gobierno?
Desde hace aproximadamente una semana se viene hablando de reuniones entre los rectores y el Gobierno nacional para negociar algún tipo de acuerdo. Después se informó que se les dio participación a las federaciones docentes para intervenir en el debate, pero lo concreto es que hoy lo que se está discutiendo en asambleas y congresos de las distintas federaciones es una propuesta del Gobierno que aparentemente tendría el aval del CIN, es decir, de los rectores. La propuesta contempla un incremento salarial del 21%, que se haría efectivo en junio, una cuota adicional de un 3% que aparecería en octubre y algunas otras cuestiones vinculadas al funcionamiento universitario. Pero en términos salariales, la oferta se agotaría prácticamente en esos puntos. Habiendo una ley de financiamiento universitario aprobada varias veces por el Congreso, con fallos favorables de la Justicia y pendiente de resolución definitiva por parte de la Corte Suprema. Esa ley implicaría una recomposición superior al 50% con retroactividad a diciembre de 2023. Por eso miro este posible acuerdo con mucha preocupación.
Distintos gremios aprobaron el acuerdo, pero otros los rechazaron ¿Se definiría en asamblea una decisión final?
Sí, exactamente. Ya comenzaron a desarrollarse asambleas en distintas universidades del país. En la UBA tenemos una asamblea prevista para hoy y el jueves se realizará el congreso de nuestra federación, donde se llevarán los mandatos votados en cada una de las asambleas. Veremos allí cuál es la resolución final. Lo que está en juego es algo que costó muchísimo conquistar. Durante más de dos años sostuvimos movilizaciones, paros, clases públicas y distintas medidas de fuerza para defender la universidad pública y reclamar una recomposición salarial. Por eso resulta difícil aceptar que ahora todo ese recorrido pueda resolverse mediante una negociación rápida.
Además de una mejora salarial habría actualizaciones para gastos de funcionamiento y fondos específicos para hospitales universitarios. ¿Interpretás que los rectores terminaron resignando los reclamos salariales de los trabajadores para resolver los problemas de funcionamiento de las universidades?
Creo que sí. Los rectores se colocaron en un lugar que no les corresponde ocupar. La discusión salarial es una discusión de los trabajadores. Acá se produce una situación paradójica. Por un lado, el Gobierno nacional es nuestra principal patronal porque financia el sistema universitario. Pero por otro lado, los rectorados también son patronales porque administran las universidades y formalizan nuestras condiciones laborales. Terminamos con dos patronales negociando el salario de los trabajadores. Es una situación muy difícil de justificar, especialmente cuando ya existe una ley aprobada que establece otro horizonte para la recomposición salarial.
¿Hay sectores que consideran que, aunque sea insuficiente, hay que aceptar algo en este contexto?
Hay posiciones distintas. Algunas federaciones ya hicieron declaraciones públicas presentando esta propuesta como una conquista. La CONADU, por ejemplo, la mostró como un logro obtenido frente al Gobierno. También FATUN expresó una valoración positiva. Yo creo que se está intentando presentar como una victoria algo que está muy lejos de resolver el problema de fondo. Si finalmente se firma este acuerdo, el Gobierno va a conseguir una foto donde rectores, federaciones docentes, no docentes y posiblemente organizaciones estudiantiles aparezcan avalando la idea de que el conflicto universitario fue resuelto. Pero la realidad es que el conflicto no se resuelve con una firma. Los salarios siguen deteriorados y los docentes que recién ingresan a la carrera universitaria tienen ingresos realmente muy bajos.
La última Marcha Federal Universitaria tuvo una convocatoria enorme ¿Creés que esto influye en la acción del Gobierno de presentar un acuerdo?
Completamente. Desde que asumió, el Gobierno eligió a las universidades públicas como uno de sus principales blancos de ataque. Se las acusó de ser espacios de adoctrinamiento, se cuestionó a los docentes y se intentó desacreditar a las instituciones. Sin embargo, todo eso fracasó. Las enormes movilizaciones que vimos son una prueba muy clara de ese fracaso. La Marcha Federal Universitaria no fue solamente una movilización docente. Participaron estudiantes, trabajadores no docentes, familias y amplios sectores de la sociedad. Y eso ocurrió en todo el país. Existe una defensa social muy profunda de la universidad pública y gratuita. Creo que ahí aparece un límite importante para este tipo de políticas
Hay que seguir con mucha atención todo lo que ocurra en las próximas horas. Incluso en el peor escenario, donde todos los sectores decidan firmar un acta y presentar esto como el cierre del conflicto, me parece importante remarcar que la historia del movimiento universitario no termina ahí. Los conflictos no se resuelven por decreto ni por una firma cuando los reclamos de fondo siguen sin respuesta. Y en este caso estamos hablando de demandas absolutamente legítimas vinculadas al financiamiento de las universidades y a la recuperación salarial de los trabajadores.
