Andrés MiquelEn los últimos días se conoció un fallo trascendental para las universidades nacionales. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar que ordenaba al gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Esta noticia es, para Pablo Domenichini, una “obligación” para la gestión de Javier Milei que, desde el primer minuto que asumió, se dedicó a esmerilar la educación superior.
Domenichini es el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Hasta diciembre de 2025, fue legislador provincial por la Unión Cívica Radical y compitió por la presidencia del partido en el plano bonaerense. De todas maneras, la charla con Politicar se aboca a la decisión judicial respecto a los fondos que necesitan las universidades para tener un pleno funcionamiento.
Dos marchas federales de por medio, veto a una ley, y más de dos años de lucha, la comunidad universitaria logró una resolución que confirma un antecedente, aunque el gobierno nacional apelará la decisión. Sin embargo, hoy queda claro un rumbo que, poco a poco, Milei no puede torcer.
—¿Qué significa este fallo judicial para la comunidad educativa de la UNAB?
—Este fallo establece con claridad que el gobierno debe cumplir con la ley de financiamiento universitario y actualizar con urgencia los salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles. No se trata de una interpretación, sino de una obligación concreta que busca garantizar el funcionamiento del sistema. Además, para la comunidad educativa de la UNAB representa una reafirmación del valor de defender a la universidad pública como valor estratégico del desarrollo del país. Marca que el funcionamiento del sistema universitario no puede quedar sujeto a la discrecionalidad ni al ajuste y que el derecho a la educación superior debe ser garantizado y protegido.
—¿Cuál es la expectativa sobre cómo actuará el gobierno?
—La expectativa es que el gobierno cumpla el fallo en su totalidad, tanto en la recomposición presupuestaria como en la actualización salarial y de becas. Eso implica decisiones concretas y en el corto plazo. De no hacerlo, es evidente que las universidades no van a poder seguir funcionando con normalidad. No se trata de una posición política, sino de una consecuencia directa de la falta de recursos para sostener las actividades básicas. Desde el punto de vista institucional, también esperamos que se abra una etapa de mayor previsibilidad. La universidad necesita reglas claras para poder planificar, sostener su funcionamiento y proyectar políticas académicas de mediano plazo.
—¿Cuáles son las consecuencias más claras que padeció la UNAB por estos dos años de recorte presupuestario?
—Las consecuencias más evidentes han sido la pérdida del poder adquisitivo de salarios, restricciones para sostener actividades de investigación y extensión, y la postergación de inversiones en infraestructura y equipamiento. En términos más generales, esto generó una fuerte tensión sobre el funcionamiento cotidiano de la universidad. Aun así, la comunidad hizo un esfuerzo muy grande para sostener la calidad académica, lo que muestra el nivel de compromiso con la educación pública.
—¿Hubo que cancelar investigaciones?
—En algunos casos hubo que suspender o ralentizar proyectos de investigación por falta de financiamiento y dificultades operativas. También se vieron afectados programas de formación de recursos humanos. El costo a futuro es muy alto, porque la investigación requiere continuidad. Cuando se interrumpe, se pierden equipos, capacidades acumuladas y oportunidades de desarrollo. Recuperar ese entramado científico lleva años. Se frenaron obras de infraestructura necesarias también.
—¿Qué mirada tiene la comunidad docente de la UNAB?
La comunidad docente está atravesada por una preocupación concreta vinculada al deterioro salarial y a la incertidumbre sobre el futuro inmediato. Al mismo tiempo, hay una fuerte vocación de sostener la universidad y el vínculo con los estudiantes. Ese compromiso es lo que ha permitido que, aun en condiciones adversas, la universidad siga funcionando con normalidad.
—¿Alguna auditoría del gobierno nacional reveló inconsistencias en la universidad?
—No, no se han detectado inconsistencias. La universidad cumple con todos los mecanismos de control y auditoría establecidos. Es importante señalar que el problema no está vinculado a la transparencia ni a la gestión, sino a una decisión de política pública en materia de financiamiento del sistema universitario.
—En este contexto, ¿la matrícula crece o se achica?
—La matrícula continúa creciendo, lo que se verifica en el aumento de ingresantes y en la demanda sostenida de nuestras carreras. Esto tiene una lectura clara: aun en un contexto económico complejo, la universidad pública sigue siendo una herramienta central de acceso a oportunidades y movilidad social. Ese crecimiento requiere ser acompañado con recursos adecuados.
—¿Qué planes tiene la universidad para este año?
—Nuestro principal objetivo es garantizar el normal desarrollo del ciclo académico: sostener cursadas, fortalecer el acompañamiento a estudiantes y preservar las actividades de investigación y extensión. Además, estamos trabajando en la consolidación de nuevas propuestas académicas vinculadas al desarrollo productivo y social de nuestra región. Para avanzar en esa agenda, es clave contar con previsibilidad presupuestaria.
—Pero hubo obras que se retomaron, ¿cómo fue posible?
—Sí, algunas obras pudieron retomarse a partir de la reasignación de recursos propios y gestiones institucionales que permitieron destrabar financiamiento. Hemos iniciado nuevas obras financiadas a través de programas de infraestructura del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del municipio de Almirante Brown. Esto muestra la importancia de la articulación entre distintos niveles del Estado. Sin embargo, es importante señalar que estas soluciones no reemplazan una política nacional sostenida de inversión, ya que la infraestructura universitaria requiere planificación y financiamiento estructural.
