Leandro Bravo
Patricia Bullrich conversa con los aliados en el inicio de la sesión.
En una jornada marcada por los incidentes y la feroz represión en las afueras, el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero perdió el capítulo de reformas a la Ley de Manejo del Fuego. En la previa, La Libertad Avanza había desistido de avanzar con los cambios a las Tierras Rurales que habilitaban un porcentaje mayor al dominio extranjero. De los seis títulos originales, solo tres lograron aprobarse: expropiaciones, desalojos y registro de la propiedad inmueble.
La votación en general resultó con 37 votos a favor y 35 en contra. Además de los 21 integrantes de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente los 3 del Pro, los 9 radicales presentes en el recinto, la chubutense Edith Terenzi, el correntino Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Y por la negativa estuvieron los 24 senadores del interbloque Popular, los 3 de Convicción Federal y los dos representantes de Moveré por Santa Cruz. También votaron en contra la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila, la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, habituales aliados de La Libertad Avanza que este viernes por la madrugada comenzaron a tomar distancia.
No cayó bien la expresión del senador libertario Joaquín Benegas Lynch, quien apenas comenzada la sesión se refirió a los legisladores aliados como “los tibios del medio”. Según supo este medio, esta expresión desembocó en la caída del capítulo de reforma a la Ley de Manejo del Fuego que fue retirada del dictamen segundos antes de pasar a votar.
La cita en el recinto estuvo moderada por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel debió estar a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Colombia, quien va a presencia la asunción de Abelardo de la Espriella este viernes 7 de agosto.
Apenas se reanudó la sesión, Patricia Bullrich, jefa de bancada del oficialismo, logró patear la moción para que la camporista Anabel Fernández Sagasti -quien transita un embarazo de riesgo de 32 semanas y no pudo viajar al Parlamento por indicación médica- y el radical Flavio Fama -operado en una de sus rodillas- participen de forma remota. La moción tuvo el aval del “grupo de los 44”.
Mientras se llevaba a cabo la sesión, los alrededores del Congreso fueron el escenario de una feroz represión que derivó en la detención de 26 personas. Hubo corridas, destrozos e incendios en las calles. El operativo contó con la presencia de más de 2.000 efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad y Gendarmería.
Los puntos centrales del proyecto de ley
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada engloba una serie de modificaciones a marcos normativos vigentes. Pese a que el título remite a un esquema de protección de la propiedad privada, la iniciativa alcanza aspectos tan diversos como las expropiaciones, los desalojos y la organización de los registros inmobiliarios.
Sobre los cambios a la Ley de Expropiaciones, el proyecto dispone que las declaraciones de utilidad pública deberán ser interpretadas de manera estricta y fundamentar de forma puntual el objetivo que persiguen, al tiempo que establece que toda expropiación deberá resultar “adecuada, indispensable y proporcional” para cumplir con esa finalidad. Asimismo, la propuesta fortalece el régimen indemnizatorio para los titulares de los bienes alcanzados.
Entre las modificaciones previstas, incorpora de manera expresa la posibilidad de reconocer el lucro cesante cuando pueda demostrarse objetivamente, determina que la tasación del inmueble deberá efectuarse con anterioridad a cualquier anuncio oficial relacionado con la expropiación y prevé mecanismos de actualización monetaria hasta el momento en que se concrete el pago. Además, reafirma que la transferencia del dominio no podrá hacerse efectiva sin el previo pago de la indemnización correspondiente.
Otro de los apartados con mayor trascendencia política es el vinculado a los desalojos. La iniciativa transforma estos procesos en procedimientos sumarísimos y habilita herramientas que permiten obtener la restitución anticipada de inmuebles en determinados supuestos, especialmente en casos de ocupaciones irregulares o cuando el derecho invocado por el propietario reúna suficientes elementos de verosimilitud.
En paralelo, el texto acelera el régimen de notificaciones judiciales y amplía las atribuciones de los oficiales de justicia durante los procedimientos de lanzamiento, incluyendo la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública y adoptar otras medidas orientadas a asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. No obstante, a diferencia de versiones preliminares, el dictamen que llegará al recinto incorpora una cláusula específica destinada a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, establece que, cuando existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en estado de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes antes de ejecutar el desalojo y contemplar alternativas habitacionales transitorias, sin que ello implique suspender el procedimiento.
Otro de los puntos destacados es la modificación de la “Ley Pierri” de regularización dominial: La nueva redacción exige acreditar una posesión pacífica, pública y continua durante un período de diez años para acceder al beneficio, y restringe su aplicación a inmuebles destinados a vivienda única y permanente, aunque incorpora una disposición específica para agricultores familiares.
La iniciativa se completa con una profunda modificación de la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble. En ese capítulo se impulsa la digitalización de los trámites registrales, la utilización de la firma digital, la creación de una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones y de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, además de la conformación de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.
Considerado por el oficialismo como uno de los proyectos institucionales más relevantes del actual período legislativo, el texto procura reforzar las garantías de los propietarios tanto frente al Estado como ante ocupaciones irregulares, al tiempo que busca generar un escenario más propicio para las inversiones.
