Los legisladores nacionales del peronismo redoblaron su ofensiva judicial por la instalación de una planta de combustible sintético en Paysandú y solicitaron a la Justicia Federal que cite a declarar a los principales responsables de la Comisión Administradora del Río Uruguay, en el marco de una causa que busca esclarecer posibles impactos ambientales transfronterizos.
La presentación fue encabezada por los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes ampliaron las medidas probatorias y reclamaron la declaración testimonial de Raúl Luis Montero y Francisco Mansanta, autoridades del organismo binacional.
“Entendemos que la salida a este conflicto es la aplicación de la ley y lo que estamos haciendo es lo que debería hacer Frigerio. La justicia terminará haciendo el trabajo que la gestión provincial evita”, sostuvo Michel, en un mensaje con fuerte tono político.
En su nueva presentación, los legisladores solicitaron una batería de medidas orientadas a obtener información clave sobre el proyecto de instalación de la planta de “e-Combustibles” en territorio uruguayo, impulsado por la empresa HIF.
Entre los principales requerimientos, pidieron a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) de Uruguay que remita detalles sobre la solicitud de autorización ambiental previa, junto con copias certificadas del expediente y del Estudio de Impacto Ambiental.
Asimismo, reclamaron a la Comisión Administradora del Río Uruguay que informe si fue notificada formalmente del proyecto y si la empresa presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo, un punto central en la controversia.
La presentación también incluye pedidos al Registro Nacional de Comercio de Uruguay para conocer la estructura societaria de HIF Uruguay S.A. y HIF Global LLC, incluyendo sus domicilios legales y composición accionaria.
En paralelo, se solicitó al Banco Central del Uruguay que informe sobre los beneficiarios finales de las empresas involucradas, en el marco de la normativa vigente en ese país.
Como parte de las medidas clave, los legisladores pidieron que la Justicia designe un perito biólogo de oficio para evaluar los posibles impactos ambientales del proyecto. Además, se reservaron la facultad de nombrar un consultor técnico de parte, cuyo nombre buscarán consensuar con vecinos de Colón, una de las localidades potencialmente afectadas.
“Seguimos profundizando este camino de actuar preventivamente, solicitar medidas a la justicia, generar pruebas y difundir información, siempre a la luz de la normativa vigente dada por el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia internacional”, remarcó Michel, en referencia al antecedente del caso Botnia-UPM.
La iniciativa judicial marca un nuevo capítulo en un conflicto que trasciende fronteras y vuelve a poner en el centro del debate el control ambiental sobre proyectos industriales en la región del río Uruguay. Con la intervención de la Justicia Federal y el involucramiento de organismos binacionales, el caso promete escalar tanto en el plano político como institucional.
