La Justicia avanza sobre la planta de combustible sintético en Paysandú y pide información clave a la CARU

La disputa por la instalación de una planta de combustible sintético en la ciudad uruguaya de Paysandú sumó un nuevo capítulo judicial. En el marco de la acción preventiva de daños ambientales impulsada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay junto al senador Adán Bahl, la Justicia Federal ordenó requerir información técnica y científica actualizada a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un paso considerado clave para el avance de la causa.

La medida fue adoptada luego de que la perito bióloga designada en el expediente solicitara acceso a documentación, informes, monitoreos y estudios sobre la calidad del agua del río Uruguay en el tramo comprendido entre Termas de San José y la ciudad de Concepción del Uruguay, una zona que podría verse impactada por el funcionamiento de la planta proyectada frente a la localidad entrerriana de Colón.

La demanda presentada por Michel, Marclay y Bahl busca determinar los posibles riesgos ambientales derivados de la instalación de la planta que impulsa la empresa HIF Uruguay SA y apunta tanto contra la firma como contra el Estado uruguayo por presuntos incumplimientos vinculados a las obligaciones establecidas en el Estatuto del Río Uruguay.

En su presentación, la perito sostuvo que la información requerida resulta indispensable para poder cumplir adecuadamente con los puntos de pericia encomendados por el tribunal y evaluar de manera objetiva el estado ambiental del área involucrada.

Ante este planteo, el juez federal que interviene en el expediente dio curso al pedido y libró un exhorto a la CARU para que remita toda la documentación disponible relacionada con estudios, monitoreos, análisis y antecedentes actualizados sobre la calidad del agua en el sector bajo análisis.

Para Guillermo Michel, la decisión judicial confirma el camino institucional que impulsan los demandantes desde el inicio del conflicto. "Como venimos planteando desde el inicio, la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del Tratado del Río Uruguay, y la Justicia viene dando pasos concretos en ese sentido", sostuvo el legislador.

El exdirector general de Aduanas también aprovechó para diferenciar la estrategia judicial de otros posicionamientos políticos alrededor del tema. "Mientras algunos intentan tapar su falta de gestión con fotos, nosotros apostamos a trabajar con las herramientas institucionales que brinda la normativa vigente", afirmó.

La controversia por la planta de combustible sintético se convirtió en uno de los principales temas de preocupación ambiental y política en la región del río Uruguay. Desde Entre Ríos, distintos sectores vienen reclamando que cualquier emprendimiento de magnitud que pueda tener impacto sobre el ecosistema compartido sea evaluado bajo los mecanismos previstos en los acuerdos bilaterales entre Argentina y Uruguay.

Con la intervención de la pericia judicial y el requerimiento formal a la CARU, la causa ingresa ahora en una etapa de producción de pruebas técnicas que podría resultar determinante para establecer el alcance de los posibles impactos ambientales y las responsabilidades de los actores involucrados.

Mientras tanto, Michel, Marclay y Bahl sostienen que la defensa del río Uruguay y el cumplimiento de los tratados internacionales deben estar por encima de cualquier interés económico o político coyuntural, y consideran que la actuación de la Justicia comienza a marcar un rumbo claro para el tratamiento institucional del conflicto.