Escala el conflicto por la planta de metanol en Paysandú: la Justicia avanza y deja en evidencia la improvisación política

La polémica por la instalación de una planta de metanol en Paysandú sumó un nuevo capítulo, y no precisamente favorable para quienes optaron por minimizar el conflicto. En una resolución clave (expediente 3276/2026), la justicia federal decidió avanzar con la acción preventiva de daño ambiental impulsada por legisladores del peronismo entrerriano, marcando un giro que pone en el centro de la escena la posible afectación al Río Uruguay.

El fallo no deja lugar a ambigüedades: amparado en la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, el juez interviniente habilitó medidas de prueba concretas para investigar el potencial daño. Traducido al lenguaje político, esto significa que la preocupación dejó de ser una advertencia opositora para convertirse en un tema judicial con peso propio.

Entre las medidas más relevantes, se ordenó una pericia ambiental para evaluar el estado del agua, la dinámica del río y posibles alteraciones. Un paso que, de confirmarse impactos negativos, podría complicar seriamente la viabilidad del proyecto.

Pero el punto más delicado es otro: la justicia también exigió información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para determinar si el proyecto fue debidamente comunicado y si se presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo. En otras palabras, se busca saber si se respetaron —o no— los mecanismos básicos de control binacional.

El foco también se trasladó a Uruguay. A través de exhortos judiciales, se pidió información clave a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y hasta al Banco Central uruguayo. No solo se investigará la presentación formal del proyecto y sus estudios ambientales, sino también quiénes son los beneficiarios finales detrás de la empresa HIF Uruguay. Un dato que puede abrir interrogantes políticos y económicos de mayor escala.

Mientras tanto, en el plano político local, el fallo expone con crudeza una reacción que hasta ahora parece más discursiva que efectiva. El diputado Guillermo Michel fue contundente al respaldar la resolución judicial y, sin rodeos, cuestionó la falta de acción concreta: advirtió que el tema “no da lugar para berreteadas” y reclamó profesionalismo frente a lo que considera una amenaza directa para los vecinos de Colón.

El mensaje tiene destinatarios claros. La crítica apunta a una dirigencia que, según los impulsores de la demanda, se limitó a declaraciones mediáticas sin avanzar en estrategias reales para frenar o relocalizar la planta.

En este contexto, la causa judicial no solo abre una investigación ambiental: también deja al descubierto una tensión política creciente, donde la falta de coordinación y la reacción tardía pueden tener costos concretos.

La discusión ya no pasa solo por el impacto de una planta industrial. Lo que está en juego es la capacidad del Estado —en todos sus niveles— de anticiparse, controlar y defender un recurso compartido. Y, por ahora, la Justicia parece ir varios pasos adelante de la política.