Avanza la causa por la planta de hidrógeno en Paysandú y el peronismo entrerriano presiona por una respuesta firme

La disputa por la instalación de una planta de hidrógeno y e-combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú sumó un nuevo capítulo judicial y político. La Justicia Federal dio nuevos pasos en la acción preventiva de daños ambientales impulsada por dirigentes del peronismo entrerriano, mientras crece la presión sobre el gobierno provincial para que asuma una postura más contundente en defensa de las costas del río Uruguay.
ENTRE RIOS27 de abril de 2026
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La resolución fechada el 24 de abril confirmó avances relevantes en la causa presentada por el diputado nacional Guillermo Michel junto a Marianela Marclay y Adán Bahl. Entre las medidas adoptadas se destacan la designación de una perito bióloga, la intervención de la Defensora Pública Oficial y el trámite formal de pedidos de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Michel celebró la decisión judicial y sostuvo que “la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay”, marcando así el tono político que busca imprimirle el peronismo provincial al conflicto ambiental.

Peritaje técnico y control ambiental

Uno de los puntos centrales del expediente es la designación de la bióloga Viviana Beatriz Cousté como perito técnica. La especialista informó que cuenta con la idoneidad necesaria para realizar la tarea encomendada y adelantó que será necesario desarrollar trabajos de campo en el lugar, relevamientos ambientales, identificación de accesos y toma de muestras de agua superficial para análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

El dato no es menor: Cousté cuenta con antecedentes en la causa del Río Matanza-Riachuelo, uno de los expedientes ambientales más emblemáticos del país. Su incorporación le da volumen técnico a una causa que, hasta ahora, venía marcada principalmente por el debate político.

La CARU bajo la lupa

En paralelo, la Justicia ya activó exhortos internacionales y requirió informes a la CARU, organismo binacional encargado de la administración compartida del río Uruguay.

El pedido apunta a determinar si el proyecto fue debidamente comunicado al organismo y si la empresa HIF Uruguay S.A., HIF Global LLC o firmas vinculadas presentaron un Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo, condición clave cuando una obra puede generar consecuencias en la otra margen del río.

La respuesta deberá llegar en diez días hábiles y puede transformarse en un elemento decisivo para el futuro del expediente.

El mensaje al gobierno provincial

Más allá de la cuestión judicial, el peronismo entrerriano busca capitalizar políticamente el conflicto y exhibirse como el espacio que tomó la iniciativa ante una preocupación creciente en Colón y otras ciudades ribereñas.

En ese marco, Michel lanzó críticas dirigidas al oficialismo provincial y reclamó una estrategia más seria: sostuvo que el tema “no da lugar para berreteadas ni para pensar en la chiquita” y advirtió que no alcanza con mostrarse enojado en los medios o en redes sociales.

La frase apunta a instalar una idea clara: frente a un conflicto ambiental sensible y con impacto regional, la oposición pretende mostrar gestión, capacidad técnica y constancia, mientras acusa al gobierno de privilegiar la comunicación por sobre las soluciones concretas.

Una bandera ambiental con impacto electoral

La controversia por la planta de Paysandú empieza a consolidarse como una bandera política en Entre Ríos. El cuidado del río Uruguay, la defensa del turismo y la preservación ambiental son temas con fuerte sensibilidad social, especialmente en las localidades costeras.

Por eso, cada movimiento judicial se traduce también en una disputa de liderazgo político. Mientras la Justicia avanza, el peronismo busca posicionarse como el espacio que tomó la iniciativa y obligó al resto de la dirigencia a reaccionar.

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