Alberto Cejas: “Están vaciando el Correo para entregárselo a empresas privadas”

En los últimos meses, la administración dispuesta por el Gobierno avanzó con el cierre de 300 sucursales del Correo Argentino en todo el país como parte de un plan que contempla la eliminación de hasta 900 oficinas. Paralelamente, la planta de trabajadores se redujo de aproximadamente 18.000 a 11.000 empleados como consecuencia de retiros voluntarios y despidos, una situación que compromete la capacidad operativa del servicio postal y debilita el rol estratégico que históricamente cumplió la empresa.

Aunque la Ley Bases finalmente excluyó al Correo Argentino de la lista de empresas estatales sujetas a privatización, desde FOECYT advierten que las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional apuntan a reducir su estructura operativa y económica, dejando abierta la puerta a una futura venta o liquidación de sus activos. 

Las consecuencias del desguace ya comienzan a sentirse especialmente en las localidades más pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos. En numerosos pueblos del interior, el cierre de oficinas postales implica la pérdida de uno de los pocos servicios públicos disponibles, obligando a miles de vecinos a recorrer largas distancias para realizar trámites esenciales. A esto se suma la implementación de los denominados "Puntos Correo", espacios instalados en comercios privados que son cuestionados por su menor capacidad operativa y por no garantizar la misma calidad ni frecuencia del servicio.

Desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones advierten sobre el impacto que estas políticas podrían tener sobre la conectividad territorial y el acceso igualitario a los servicios públicos. En este contexto, POLITICAR dialogó con Alberto Cejas: 

¿Cuál es la situación que está atravesando el Correo Argentino?

La situación es muy difícil y muy penosa, tanto para los trabajadores como para el propio servicio que presta la empresa. No solamente venimos atravesando una situación salarial muy complicada desde hace tiempo, sino que además vemos cómo, día tras día, todo el esfuerzo que hacemos para mantener una empresa rentable se dilapida a través de un proceso de vaciamiento y de tercerizaciones que la conducción viene impulsando de manera sistemática.

Todo comenzó en 2024 con un plan de retiros voluntarios completamente desmedido, que significó la salida de más de 6.000 trabajadores. Ese proceso continuó durante 2025 y, al día de hoy, ya son alrededor de 7.500 los empleados que dejaron la empresa desde que comenzó este ajuste.

Como consecuencia, quedaron oficinas completamente desmanteladas y servicios seriamente afectados. Mientras tanto, la empresa decidió tercerizar parte de la logística con una firma privada de transporte que, paradójicamente, pertenece a la competencia. Es volver a un modelo que el Correo ya sufrió en otras épocas, donde el Estado termina beneficiando indirectamente a empresas privadas en detrimento del servicio público.

Además de la reducción de personal, también se están cerrando sucursales. ¿Qué impacto tiene eso?

Hasta el momento ya cerraron unas 300 sucursales y, según el propio plan de la empresa, el objetivo es llegar al cierre de 600 sobre un total de 900.

Eso significa dejar a cientos de localidades sin un servicio esencial. Muchas veces se piensa que el Correo solamente reparte cartas, pero hoy cumple un rol mucho más amplio. Brinda servicios de paquetería, logística y distribución, y en muchísimos pueblos es el principal vínculo con el resto del país.

Hay localidades que desarrollan sus economías regionales gracias al Correo, porque pueden enviar su producción o recibir insumos a través de esta red federal. Además, en muchos lugares donde ya no existen sucursales bancarias, el Correo cumple también funciones financieras y permite que los vecinos puedan cobrar prestaciones o realizar distintos trámites.

Por eso decimos que no solamente se está afectando a los trabajadores, sino también a miles de argentinos que dependen diariamente de este servicio.

El Gobierno sostiene que estas medidas buscan hacer más eficiente la empresa. ¿Cuál es la posición del gremio?

Nosotros creemos que ese argumento no se sostiene. Más allá de la discusión sobre la rentabilidad, existe una obligación legal que el Estado no puede desconocer. La propia Constitución Nacional y los convenios firmados por la Argentina con la Unión Postal Universal establecen que el Correo de bandera debe garantizar el Servicio Postal Universal en todo el territorio nacional.

Es decir, el Correo tiene una función pública que no puede medirse únicamente en términos económicos. Hay localidades donde quizás una sucursal no genera ganancias, pero es indispensable para garantizar el acceso de la población a servicios básicos.

Sin embargo, el Gobierno avanza con una lógica completamente distinta. Desprecia el rol del Estado y lleva adelante una política que contradice esas obligaciones legales, sin importar las consecuencias para las comunidades que quedan aisladas.

¿Cuáles son hoy las provincias o regiones más afectadas por estos cierres?

Hay numerosas localidades afectadas a lo largo de todo el país. En Santa Fe pudimos sostener las sucursales gracias al trabajo del sindicato y hasta ahora evitamos cierres importantes. Pero en otras provincias el avance fue mucho mayor.

Hay cierres en La Pampa, Neuquén, Chaco, Jujuy, Salta y otras provincias, donde muchas localidades quedaron directamente desconectadas de la red federal del Correo Argentino.

Al mismo tiempo que desaparece el servicio público, comienzan a ocupar ese espacio empresas privadas. Es decir, mientras el Estado se retira, otros actores avanzan sobre un mercado que históricamente perteneció al Correo.

¿Detrás de este proceso existe una preparación para una futura privatización? 

Sí. El mecanismo es siempre el mismo. Por un lado se vacía la empresa, se reduce personal, se cierran sucursales y se deteriora el servicio. Pero, al mismo tiempo, se realizan inversiones muy importantes en infraestructura para dejar una empresa mucho más atractiva para un eventual comprador.

Por ejemplo, recientemente se incorporó un moderno sistema robotizado de clasificación de correspondencia, una inversión que nosotros acompañamos porque mejora la operatoria.

Lo que cuestionamos es que esa inversión termine beneficiando a futuros privados. Es decir, el Estado realiza el gasto, moderniza la empresa y luego entrega una estructura mucho más eficiente, con productividad asegurada y posibilidades concretas de obtener ganancias.

Eso ya ocurrió muchas veces en la historia argentina y creemos que hoy estamos viendo exactamente el mismo proceso.

Hace algunos meses también hubo despidos luego de un reclamo salarial. ¿Qué ocurrió en ese momento?

Sí. En abril tuvimos alrededor de 400 despidos. No existió ningún fundamento válido para esas cesantías. Simplemente fueron una represalia frente al reclamo salarial que estábamos llevando adelante.

Después de una negociación logramos la reincorporación de esos compañeros, pero quedó claro cuál es la metodología que se intenta imponer: si los trabajadores reclaman, la respuesta son despidos o amenazas.

En la práctica ya no existe una negociación paritaria genuina. La empresa pretende que aceptemos lo que decide unilateralmente y, si no lo hacemos, debemos afrontar las consecuencias.

A pesar de eso, los trabajadores ya perdieron el miedo. Cuando una familia no llega a fin de mes, cuando el salario deja de alcanzar para vivir, el miedo deja de ser el principal problema. Lo que permanece es la dignidad y la decisión de defender los derechos conquistados.

¿Cómo imaginan los próximos pasos del conflicto?

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, defender los puestos de trabajo, reclamar salarios dignos y evitar que el Correo Argentino sea desmantelado.

No hay que olvidar que el Correo es una de las pocas empresas estatales que hoy genera superávit. Durante 2024 cerró el ejercicio con aproximadamente 250 millones de dólares de resultado positivo.

Además, la propia Constitución Nacional reconoce al Correo como una fuente de ingresos del Estado y le asigna un rol estratégico dentro del funcionamiento del país.

Por eso vamos a seguir luchando. Creemos que la sociedad tiene que conocer lo que está ocurriendo porque no solamente está en juego el futuro de los trabajadores, sino también el de un servicio público esencial para millones de argentinos.