El paso de Ramón Lanús por la AABE: contratos revocados y operaciones bajo la lupa

Antes de llegar a la intendencia de San Isidro, Ramón Lanús estuvo al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo nacional responsable de administrar los terrenos y edificios pertenecientes al Estado.

Lanús presidió la Agencia entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Su gestión promovió la venta, concesión y reutilización de diferentes propiedades estatales con el argumento de aprovechar mejor los inmuebles que se encontraban sin uso y obtener recursos para financiar obras públicas.

Algunas de las operaciones realizadas durante ese período fueron posteriormente revisadas por organismos de control. Uno de los casos estuvo relacionado con la adjudicación de locales comerciales ubicados en el Paseo de la Infanta, en el barrio porteño de Palermo.

La concesión del Paseo de la Infanta

El 9 de diciembre de 2019, un día antes del cambio de gobierno nacional, la AABE adjudicó a la empresa Estación Rosedal S.A. la explotación de 15 locales comerciales durante un plazo de diez años.

El contrato contemplaba un monto total de $435 millones por los 120 meses de concesión.

Durante el procedimiento, uno de los participantes advirtió sobre la posible existencia de un conflicto de intereses. De acuerdo con esa presentación, existían antecedentes de una disputa judicial entre uno de los oferentes y Ramón Lanús.

Frente a esta situación, el entonces presidente de la Agencia realizó una consulta a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo encargado de controlar el funcionamiento de la administración pública nacional.

La SIGEN sostuvo que Lanús debía excusarse y apartarse del procedimiento para evitar cualquier cuestionamiento sobre su intervención. A pesar de esa recomendación, el entonces funcionario participó de la resolución mediante la cual se otorgó la concesión.

La revisión y revocación del contrato

Después del cambio de gobierno, las nuevas autoridades de la AABE revisaron el procedimiento. En 2020 resolvieron revocar la adjudicación y dejar sin efecto el contrato firmado con Estación Rosedal S.A.

La Agencia consideró que Lanús debería haberse apartado de la decisión ante la posibilidad de que existiera un conflicto de intereses. Su excusación habría permitido evitar dudas sobre la transparencia del procedimiento.

Sin embargo, la AABE también aclaró que la participación de Lanús no provocaba automáticamente la nulidad de toda la adjudicación. La resolución también había sido firmada por el vicepresidente del organismo, quien se encontraba legalmente habilitado para intervenir.

Más allá de esa aclaración, las nuevas autoridades decidieron cancelar el contrato y realizar una nueva convocatoria. La medida fue presentada como una decisión destinada a garantizar la transparencia y despejar cualquier cuestionamiento sobre la concesión.

La secuencia quedó asentada en actuaciones oficiales: la SIGEN entendió que Lanús no debía intervenir y, posteriormente, la propia Agencia revocó la adjudicación realizada durante su presidencia.

La explicación de Ramón Lanús

Ramón Lanús rechazó que hubiera existido una maniobra irregular y defendió las decisiones tomadas durante su gestión.

Según explicó, la AABE había recuperado un predio que anteriormente era explotado en condiciones desfavorables para el Estado. La nueva licitación, sostuvo, permitía incrementar considerablemente el monto que se percibía por el uso de los locales.

El actual intendente de San Isidro también afirmó que el procedimiento había cumplido con las exigencias legales. Además, aseguró que la respuesta de la SIGEN no había ingresado oficialmente a la Agencia antes de que se firmara la resolución correspondiente.

De esta forma, quedaron planteadas dos posiciones diferentes. Por un lado, el organismo de control consideró que Lanús debía apartarse del proceso. Por otro, el entonces titular de la AABE sostuvo que esa recomendación no había sido formalmente recibida antes de concretarse la adjudicación.

Las ventas de terrenos en Catalinas Norte

El caso del Paseo de la Infanta no fue la única operación de la gestión de Lanús que quedó bajo revisión.

Durante su presidencia, la AABE también avanzó con la venta de terrenos estatales de alto valor, entre ellos varias parcelas ubicadas en Catalinas Norte, una de las zonas inmobiliarias más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con información oficial, la venta de seis terrenos realizada entre 2017 y 2018 permitió recaudar más de 228 millones de dólares. Esos recursos fueron destinados a financiar parte de la construcción del Paseo del Bajo.

En 2020, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia contra Lanús y otros exfuncionarios por posibles irregularidades relacionadas con algunas de esas subastas.

La existencia de una denuncia no implica culpabilidad ni supone, por sí misma, la comprobación de un delito. En 2023, Lanús afirmó que nunca había sido convocado a declarar como acusado ni procesado en relación con esos hechos.

Una gestión basada en la venta y concesión de bienes

La política impulsada por Lanús al frente de la AABE buscó desprenderse de propiedades estatales consideradas ociosas o concesionarlas para obtener nuevos ingresos. El entonces funcionario defendió esa orientación como una herramienta para mejorar la utilización del patrimonio público y financiar infraestructura.

Esa mirada formó parte de una política más amplia del gobierno de Mauricio Macri, orientada a vender o reutilizar inmuebles pertenecientes al Estado nacional.

Para Lanús, estas operaciones permitieron recuperar espacios que se encontraban desaprovechados y aumentar los recursos obtenidos por el Estado. Sin embargo, algunas decisiones tomadas durante ese proceso despertaron cuestionamientos y fueron posteriormente analizadas por los organismos encargados de controlar la administración pública.

Un antecedente que vuelve a escena

Los hechos se produjeron antes de que Ramón Lanús asumiera como intendente de San Isidro. No obstante, forman parte de sus antecedentes como funcionario y permiten analizar los criterios con los que administró bienes públicos durante su paso por el Estado nacional.

El caso del Paseo de la Infanta presenta una secuencia concreta: surgió una advertencia sobre un posible conflicto de intereses, la SIGEN consideró que Lanús debía apartarse y, luego del cambio de autoridades, la AABE resolvió revocar la adjudicación.

Lanús, por su parte, negó que hubiera existido una irregularidad, defendió los beneficios económicos de la licitación y sostuvo que la recomendación del organismo de control no había sido recibida formalmente antes de la firma.

El episodio no determina por sí solo la existencia de responsabilidad penal. Sí constituye un antecedente administrativo relevante sobre una decisión que fue objetada por un organismo de control y posteriormente dejada sin efecto por la misma Agencia que Lanús había conducido.