La designación del general retirado Jorge Berredo al frente de la Secretaría de Seguridad de San Isidro no solo representa un cambio de nombres dentro del gabinete municipal, sino también una preocupante señal política sobre la forma en que la gestión de Ramón Lanús entiende el problema de la inseguridad. En medio de una creciente demanda vecinal, el intendente decidió apostar por un perfil militar para conducir un área que exige conocimientos específicos sobre prevención del delito, políticas públicas, articulación comunitaria y gestión territorial.
La inseguridad es, sin dudas, una de las principales preocupaciones de los vecinos de San Isidro. Sin embargo, la respuesta del municipio parece partir de un diagnóstico equivocado: creer que la experiencia militar equivale automáticamente a la capacidad para diseñar políticas de seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas y la seguridad pública cumplen funciones completamente distintas. Mientras las primeras están preparadas para la defensa nacional y la lógica del enfrentamiento, la segunda requiere prevención, inteligencia criminal, trabajo social, coordinación institucional y presencia en el territorio.
Administrar la seguridad de un municipio no implica organizar operaciones militares ni aplicar una estructura vertical de mando. La gestión de la seguridad urbana exige comprender las dinámicas del delito, trabajar junto a fiscales, policías, organizaciones barriales y especialistas, además de desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención y al fortalecimiento del tejido social.
El nombramiento de Berredo, un militar con más de cuarenta años de trayectoria en las Fuerzas Armadas, fue presentado por el municipio como una apuesta para profundizar la estrategia de prevención y reforzar la coordinación con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su experiencia profesional estuvo vinculada principalmente a la logística militar y al comando operacional, ámbitos muy alejados de la complejidad cotidiana que enfrenta un municipio del conurbano bonaerense.
La decisión de Ramón Lanús parece responder más a la necesidad política de mostrar "mano dura" que a la construcción de una política integral de seguridad. La inseguridad no se combate únicamente con uniformes, jerarquías y discursos punitivos; se enfrenta con planificación, estadísticas, inversión tecnológica, prevención comunitaria y políticas sociales capaces de abordar las causas estructurales del delito.
Además, la rápida salida de Berredo del cargo, apenas dos semanas después de haber asumido por motivos personales, dejó expuesta la improvisación detrás de una designación que había sido presentada como una apuesta estratégica para el distrito. La renuncia temprana profundizó las dudas sobre la planificación del área y sobre la verdadera estrategia del municipio para enfrentar una de las principales demandas de los vecinos.
La seguridad pública no puede quedar reducida a una lógica militar. Gobernar un municipio implica construir políticas públicas sostenibles, formar equipos técnicos y comprender que el delito es un fenómeno complejo que no se resuelve únicamente con disciplina castrense. San Isidro necesita especialistas en seguridad ciudadana, no símbolos de autoridad que, por sí solos, difícilmente puedan ofrecer respuestas concretas a una problemática cada vez más profunda.
