Según explicó el legislador, la propuesta busca garantizar condiciones pedagógicas adecuadas, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes y fortalecer la convivencia escolar dentro de los establecimientos educativos.
“El uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida y debilita el clima escolar”, sostuvo Michel al presentar el proyecto. En ese sentido, remarcó que distintos estudios advierten que el uso excesivo de celulares puede afectar los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de generar impactos negativos en la salud física, mental y socioemocional de los estudiantes.
El proyecto contempla todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el secundario, e incluye además modalidades especiales como la educación técnico-profesional, artística, rural, intercultural bilingüe y la educación permanente para jóvenes y adultos.
La propuesta no plantea una prohibición total del uso de celulares, sino una regulación clara dentro del ámbito escolar. Michel sostuvo que, cuando se utilizan como herramienta pedagógica dentro de una planificación didáctica, los dispositivos pueden aportar al aprendizaje.
“Como soporte pedagógico, pueden contribuir al conocimiento cuando su utilización responde a objetivos educativos claros. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes”, explicó.
En los fundamentos del proyecto, el legislador señala que la iniciativa se inscribe en una tendencia internacional que avanza hacia la regulación del uso de celulares en las escuelas. Países como Francia, Italia y España ya adoptaron normas que restringen los dispositivos móviles en el ámbito escolar, especialmente en los niveles inicial y primario.
También menciona experiencias en distritos de Estados Unidos, donde se implementaron políticas de “escuelas libres de teléfonos” durante la jornada educativa.
En Argentina, algunas provincias ya avanzaron con regulaciones propias. Sin embargo, Michel advirtió que la falta de una norma nacional genera desigualdades entre jurisdicciones y criterios pedagógicos diferentes, lo que dificulta sostener políticas educativas uniformes.
Por eso, el proyecto plantea la creación de un marco federal común, cuya implementación se realizará en coordinación con el Consejo Federal de Educación, organismo que tendrá un rol clave para definir los criterios de aplicación junto con las provincias.
“Las provincias tienen la responsabilidad primaria en la gestión del sistema educativo y conocen la realidad de cada comunidad escolar. Su participación activa es fundamental para lograr una implementación eficaz”, concluyó Michel.
Con esta iniciativa, el diputado busca abrir el debate sobre el impacto de la tecnología en el aula y avanzar hacia un uso más responsable y pedagógico de los dispositivos móviles en las escuelas argentinas.
