Juan Salguero Simoy
La frase elegida por The Economist para describir el rumbo de la Argentina de Javier Milei “menos gritos y más crecimiento” funciona como una síntesis de las contradicciones que atraviesan al Gobierno Nacional. El semanario británico reconoce algunos de los principales resultados que la gestión presenta como sus banderas: la fuerte reducción de la inflación, desde niveles iniciales cercanos al 161% hasta alrededor del 34%, el superávit fiscal y el freno a la emisión monetaria. Sin embargo, detrás de esos indicadores macroeconómicos aparece una pregunta que el Gobierno todavía no logra responder de manera convincente: ¿cuándo esas mejoras van a traducirse en una recuperación concreta para la mayoría de los argentinos?
El semanario pone en discusión una de las principales fortalezas discursivas del oficialismo: la idea de que la estabilización constituye, por sí misma, una condición suficiente para considerar exitosa la política económica. La advertencia de The Economist apunta justamente a la contracara de la estabilidad macro, ya que los salarios reales continúan deprimidos y el empleo formal se encuentra en retroceso. Es decir, la estabilización de algunas variables no necesariamente implica una mejora inmediata en las condiciones de vida. Para una familia, la baja de la inflación puede ser positiva, pero si los ingresos no recuperan capacidad de compra, si conseguir empleo registrado resulta cada vez más difícil o si el consumo permanece debilitado, el histórico problema inflacionario pasa a un segundo plano.
La crítica también alcanzó al estilo político de Milei. El semanario cuestiona la confrontación permanente y advierte sobre la utilización de conflictos simbólicos, entre ellos la cuestión Malvinas, como posibles elementos de distracción frente a los problemas económicos cotidianos. Menciona que un Gobierno puede sostener un discurso de ruptura y confrontación mientras los resultados macroeconómicos le permiten justificar el rumbo, pero necesita construir una respuesta social cuando la población no percibe esa recuperación en su vida cotidiana. La empatía reclamada por la publicación británica no es solamente una cuestión de formas: implica reconocer que detrás de las estadísticas existen trabajadores, jubilados y familias que todavía enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.
La paradoja es significativa: la publicación que reconoce los avances de Milei también considera que el modelo todavía no consiguió generar las condiciones suficientes para un crecimiento sostenido. La pregunta que deberá hacerse el equipo económico del Gobierno es cómo transformar esa estabilización en inversión, crédito, infraestructura, empleo y mejores ingresos.
El propio diagnóstico del semanario advierte que, si los ingresos no mejoran de manera tangible, el experimento libertario podría enfrentar un fuerte rechazo en las urnas. Este punto es sin dudas uno de los más preocupantes para el núcleo de la Casa Rosada, ya que la estabilidad puede ser un activo político, pero difícilmente alcance si no está acompañada por una recuperación que pueda sentirse en los bolsillos. En ese sentido, la advertencia de The Economist plantea el interrogante sobre la capacidad del modelo para pasar de la estabilización a una etapa de crecimiento con inclusión social.
De este modo, el editorial termina exponiendo una de las principales cuentas pendientes de la gestión Milei: lograr que la mejoría macroeconómica se convierta en bienestar generalizado. El Gobierno puede exhibir superávit, menor inflación y una política monetaria más restrictiva, pero esos resultados conviven con salarios bajos y dificultades en el mercado laboral. Por eso, “menos gritos y más crecimiento” no es solamente una crítica al estilo presidencial, sino que es un reclamo para que el éxito económico deje de medirse exclusivamente desde las cuentas del Estado y comience a evaluarse también desde las condiciones concretas en las que viven los argentinos. Si esa transformación no llega antes de 2027, el propio semanario advierte que el costo político del ajuste podría terminar pagándose en las urnas.
