Juan Salguero Simoy
Los aumentos que comenzaron a regir en junio vuelven a poner en evidencia uno de los principales costos del programa económico del Gobierno nacional: el traslado progresivo de los gastos de servicios a los usuarios. Aunque las subas individuales parecen moderadas, la acumulación de incrementos en energía, transporte, salud, educación y comunicaciones continúa deteriorando el poder adquisitivo de millones de hogares.
Las tarifas de luz aumentaron un 1,5%, las de gas un 2,8% y las de agua un 3%. A esto se suman nuevas actualizaciones en el transporte público del AMBA, donde el boleto mínimo de colectivo alcanzó los $1.015, mientras que el subte llegó a $1.558. En paralelo, también registraron aumentos las prepagas, los colegios privados, internet, telefonía y televisión por cable.
El impacto de estos incrementos resulta especialmente sensible porque se produce en un contexto de salarios que continúan corriendo detrás de los gastos esenciales. Si bien la inflación de abril fue del 2,6%, varios de los ajustes de junio se ubican por encima de ese nivel, generando una presión constante sobre los ingresos familiares.
Uno de los rubros más afectados es el transporte. El aumento acumulado de las tarifas ya está modificando hábitos de movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Distintos relevamientos muestran una caída cercana al 20% en la cantidad de pasajeros, mientras que muchos trabajadores reducen viajes no indispensables o combinan trayectos caminando para ahorrar dinero.
En el caso de la energía, el problema no pasa únicamente por el porcentaje de aumento anunciado. La llegada del invierno multiplica el consumo de gas y electricidad, por lo que las facturas finales terminan creciendo mucho más que las subas oficiales. En regiones de bajas temperaturas, el costo de calefaccionar una vivienda se transforma cada vez más en una preocupación para miles de familias.
La clase media aparece como uno de los sectores más presionados por este escenario. A diferencia de los hogares de menores ingresos que aún conservan parte de los subsidios energéticos, muchas familias deben afrontar simultáneamente aumentos en medicina prepaga, colegios privados, alquileres y servicios básicos. El resultado es una reducción creciente del margen disponible para consumo, ahorro o recreación.
Los alquileres representan quizás el caso más extremo. Los contratos alcanzados por la antigua ley registran actualizaciones del 33,15%, un porcentaje muy superior a cualquier índice salarial reciente. Al mismo tiempo, los aumentos en peajes, combustibles y logística encarecen los costos de producción y distribución, generando nuevas presiones sobre los precios de bienes y alimentos.
De esta manera, mientras las tarifas continúan absorbiendo una porción cada vez mayor de los ingresos familiares, el Gobierno Nacional continúa sosteniendo un modelo que basa buena parte de su equilibrio fiscal en la reducción de subsidios y la transferencia de costos a los usuarios.
