Juan Salguero Simoy
Julio llegó con una nueva ronda de incrementos en los servicios públicos que, aunque en términos mensuales parecen moderados, profundizan una tendencia que se consolidó desde el inicio del gobierno de Javier Milei: el fuerte encarecimiento del costo de la energía para los hogares. La electricidad aumentará un promedio del 1,5%, el gas natural un 2,81% y el agua un 3%, mientras también se actualizaron el transporte público, las prepagas, las telecomunicaciones y los alquileres. De este modo, el peso de las tarifas sobre el ingreso familiar sigue creciendo y reduce el margen disponible para el consumo.
El principal impacto vuelve a concentrarse en la luz y el gas. Si bien los porcentajes de julio son relativamente bajos, forman parte de un proceso de quita gradual de subsidios y desregulación que disparó el costo de la energía desde diciembre de 2023. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/Conicet), las tarifas de gas acumulan un aumento del 2.073% desde el inicio de la actual gestión, mientras que la electricidad registra una suba del 494%, muy por encima de la inflación acumulada del período, estimada en torno al 311,9%. En otras palabras, el costo de mantener un hogar con servicios básicos aumentó mucho más rápido que el nivel general de precios.
La consecuencia más visible aparece en el presupuesto de las familias. Un informe de la Fundación Capital muestra que los hogares de menores ingresos, equivalentes a dos salarios mínimos, destinan actualmente el 22% de sus ingresos al pago de servicios públicos, cuando a fines de 2023 esa proporción representaba apenas el 5,3%. Entre los sectores medios la situación también se agravó: hoy deben destinar cerca del 14% de sus ingresos para afrontar luz, gas, agua y otros servicios, el doble del 7% que representaban al comienzo de la gestión. Estos datos muestran que los gastos en tarifas reducen inevitablemente los recursos disponibles para alimentos, indumentaria y otros consumos.
A este escenario se suma una nueva actualización del transporte. En julio el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires asciende a $820,99, mientras que en las líneas provinciales supera los $1.063. El subte pasa a costar $1.621, los trenes metropolitanos llegan a $380 y los peajes aumentan un 4,1%. También se registran incrementos del 3% en las tarifas de AySA, de entre 2,1% y 2,9% en las prepagas y de aproximadamente 2,5% en los servicios de internet, telefonía y televisión por cable. Para quienes aún mantienen contratos bajo la antigua Ley de Alquileres, además, julio implica un ajuste anual del 34,04%.
El Gobierno sostiene que este proceso responde a la necesidad de reducir el déficit fiscal mediante la eliminación de subsidios y el sinceramiento de los precios relativos de la economía. Bajo ese esquema, los usuarios de mayores ingresos ya pagan prácticamente el costo pleno de generación y transporte de la energía, mientras que los hogares de ingresos medios y bajos conservan subsidios parciales sujetos a estrictos límites de consumo. Sin embargo, cualquier exceso sobre esos topes comienza a facturarse a valores cercanos al precio pleno, lo que multiplica el impacto especialmente durante los meses de mayor demanda energética.
El resultado es un fuerte revés para la economía cotidiana de los argentinos. Las tarifas dejaron de ser un gasto secundario para convertirse en uno de los principales componentes del presupuesto familiar. Aunque las subas mensuales sean inferiores a las registradas durante el primer año de gestión, el incremento acumulado continúa deteriorando el poder adquisitivo y obliga a millones de hogares a reorganizar sus gastos para afrontar servicios que, hace apenas dos años y medio, representaban una porción mucho menor de sus ingresos.
