Juan Salguero Simoy
El dólar comenzó junio con una tendencia a la alza que puso en alerta a los mercados. En pocos días, el tipo de cambio mayorista avanzó un 2,3%, mientras que las cotizaciones financieras superaron los $1.500. Detrás del movimiento aparecen señales que exponen algunas de las fragilidades del programa económico de Javier Milei: el agotamiento parcial del carry trade, la caída de las tasas de interés y las crecientes dudas sobre el atraso cambiario. Aunque el Gobierno insiste en que el mercado debe determinar los precios, las acciones oficialistas muestran que el dólar sigue siendo una variable demasiado sensible para dejarla librada completamente a la oferta y la demanda.
La primera explicación de la tendencia se encuentra en el desarme de posiciones en pesos. Durante meses, inversores y fondos aprovecharon rendimientos financieros elevados apostando al carry trade, una estrategia basada en obtener ganancias en moneda local mientras el tipo de cambio permanecía relativamente estable. Sin embargo, la baja de tasas impulsada por el Banco Central redujo el atractivo de esos instrumentos y aceleró una migración hacia activos dolarizados. En otras palabras, cuando los pesos dejaron de rendir lo suficiente, el refugio volvió a ser el dólar.
A este escenario se suma que el tipo de cambio estaría atrasado respecto de la dinámica inflacionaria. Mientras los precios continuaron aumentando durante los últimos meses, la cotización del dólar oficial avanzó a un ritmo menor, generando tensiones que comenzaron a reflejarse en la demanda de divisas. La dificultad del Banco Central para acumular reservas genuinas también alimenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad del esquema cambiario en el mediano plazo.
Frente a este panorama, el Gobierno prepara un paquete de hasta US$22.000 millones destinado a contener posibles episodios de volatilidad. El plan incluye intervenciones en el mercado de futuros, refinanciación de préstamos REPO, la utilización del swap con China y acuerdos con organismos internacionales. Aunque el discurso del Poder Ejecutivo rechaza las intervenciones tradicionales y promueve la idea de un mercado libre, la realidad muestra una creciente dependencia de herramientas estatales para administrar las expectativas y evitar una disparada cambiaria.
La contradicción política resulta evidente. La administración Milei construyó buena parte de su identidad económica cuestionando la intervención estatal en los mercados y prometiendo un esquema donde los precios reflejaran libremente las condiciones de la economía. Sin embargo, la utilización de bandas cambiarias, operaciones en futuros, controles parciales sobre el mercado de divisas y negociaciones financieras para reforzar reservas constituyen mecanismos de intervención que buscan influir directamente sobre la cotización del dólar. La diferencia es que ya no se presenta como control, sino como "administración de expectativas".
El desafío para los próximos meses será determinar hasta qué punto estas herramientas alcanzarán para sostener la estabilidad cambiaria sin recurrir a una devaluación más profunda. El problema de fondo es que la confianza financiera que sostuvo el carry trade parece mostrar signos de agotamiento, mientras la economía real continúa afectada por la caída del consumo y la falta de recuperación de la actividad. En ese contexto, el Gobierno enfrenta una paradoja: necesita mostrar que el mercado funciona libremente, pero al mismo tiempo debe intervenir cada vez más para evitar que ese mismo mercado ponga en cuestión uno de los principales pilares de su programa económico.
