Al programa de refinanciación impulsado por el Banco Provincia para empleados públicos bonaerenses y a la línea especial del Banco Ciudad destinada a afrontar deudas de expensas, ahora se suma el Banco de La Pampa, que ya refinanció más de 1.000 millones de pesos en deudas de tarjetas de crédito, en una señal que refleja la magnitud del problema.
El presidente de la entidad, Alexis Iviglia, confirmó que la línea continúa vigente y que, junto al secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontaa, recorren sindicatos y cámaras empresarias para acercar la herramienta a trabajadores y empleadores.
Actualmente, el Banco de La Pampa mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 49% para financiar saldos impagos de tarjetas, muy por debajo de las tasas que predominan en el sistema financiero. Según datos de la propia entidad, los bancos públicos cobran en promedio un 86% y los privados un 81%, con casos que llegan hasta el 150% anual.
Además, ofrece dos alternativas de refinanciación para quienes ya presentan deudas irregulares: un plan de hasta 36 meses con una TNA fija del 40% y otro de hasta 72 meses con una TNA del 48%, sin tope de monto ni anticipo para acceder al beneficio.
La aparición de estas líneas especiales pone en evidencia una realidad que contrasta con el discurso oficial sobre la recuperación del crédito.
Lejos de reflejar una mejora en el poder adquisitivo, buena parte del crecimiento del financiamiento responde a familias que recurren a la tarjeta para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, servicios públicos o educación.
Con salarios que todavía no logran recuperar el poder de compra perdido y un costo de vida que continúa presionando sobre los ingresos, el crédito dejó de ser una herramienta para consumir bienes durables y pasó a convertirse en un mecanismo de supervivencia financiera.
En ese contexto, el aumento del endeudamiento ya no aparece como una decisión individual sino como una consecuencia de la pérdida de capacidad de ahorro de los hogares.
La situación resulta todavía más compleja para quienes trabajan por cuenta propia.
Así lo advierte Leonardo Ferrucci, CEO de Waya, una plataforma que brinda servicios financieros y contables para emprendedores y monotributistas y que tiene una fuerte presencia en el conurbano bonaerense, especialmente en polos comerciales como La Salada y distintas provincias del NOA.
La empresa, que además impulsa su expansión hacia Bolivia y Paraguay junto a la Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes (OLTI), sostiene que muchas veces se presenta como "inclusión financiera" lo que en realidad termina profundizando el endeudamiento.
"La verdadera inclusión financiera no consiste en darle un préstamo caro a una persona. Consiste en darle herramientas para progresar sin quedar atrapada por el endeudamiento", sostiene Ferrucci.
El empresario también advierte sobre otro fenómeno creciente: las restricciones bancarias que afectan a trabajadores independientes.
"Mientras el Banco Central impulsa la bancarización, miles de personas sufren cierres de cuentas, bloqueos preventivos o restricciones operativas sin recibir explicaciones claras. Cada cuenta cerrada representa una persona menos dentro del sistema formal", señala.
Los datos que maneja Waya muestran la profundidad del fenómeno.
Según su relevamiento, numerosas líneas de crédito presentan Costos Financieros Totales (CFT) superiores al 150% e incluso al 200% anual, mientras que muchas familias destinan entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de préstamos, tarjetas y otras obligaciones financieras.
A esto se suma otro indicador preocupante: el 43% de las personas ya se encuentra en las categorías crediticias 3, 4 y 5, los segmentos de mayor riesgo para el sistema financiero, lo que dificulta acceder a nuevos créditos y limita las posibilidades de recuperación económica de millones de hogares.
El crecimiento del sobreendeudamiento comienza también a trasladarse al ámbito legislativo, donde distintos proyectos buscan establecer mecanismos de alivio para las familias más comprometidas.
Mientras tanto, son los bancos públicos provinciales los que empiezan a tomar la iniciativa con programas de refinanciación que buscan evitar una mayor morosidad y contener el deterioro financiero de sus clientes.
El fenómeno deja al descubierto una tensión de fondo: mientras el Gobierno nacional exhibe el regreso del crédito como un síntoma de normalización económica, cada vez más entidades financieras reconocen que una parte importante de esos préstamos no financia consumo ni inversión, sino que funciona como un salvavidas para hogares cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos.
