Juan Salguero SimoyEl proyecto Súper RIGI presentado oficialmente como un régimen destinado a atraer inversiones tecnológicas multimillonarias, despierta preocupación por el nivel de beneficios fiscales que le otorgaría a corporaciones extranjeras. Además abre incógnitas sobre el riesgo de ceder áreas estratégicas vinculadas a datos, inteligencia artificial y soberanía tecnológica.
El régimen está diseñado exclusivamente para grandes corporaciones capaces de invertir al menos US$1.000 millones en sectores considerados “estratégicos”, tales como inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, biotecnología o baterías de litio. El Gobierno sostiene que el esquema podría atraer inversiones por hasta US$30.000 millones y posicionar a Argentina como un polo tecnológico regional.
Sin embargo, el proyecto establece condiciones de privilegio inéditas para las multinacionales. Las empresas adheridas tributarían apenas un 15% de Impuesto a las Ganancias y solo un 10% de cargas patronales, muy por debajo de lo que actualmente pagan PyMEs y empresas nacionales que enfrentan una presión fiscal mucho mayor.
Además, se le suma el fuerte costo fiscal que podría generar el esquema. El régimen elimina aranceles de importación, reduce impuestos y libera restricciones cambiarias durante 30 años. Esto implica una pérdida estructural de recaudación en un contexto donde el propio Gobierno aplica severos recortes bajo el slogan de “no hay plata”.
El modelo podría terminar funcionando como una “economía de enclave”: corporaciones que ingresan maquinaria importada a arancel cero, utilizan energía subsidiada y giran utilidades al exterior sin generar un verdadero entramado industrial o tecnológico nacional. Además, la promesa de empleo masivo es limitada, ya que este tipo de infraestructura tecnológica requiere relativamente poco personal una vez puesta en funcionamiento.
Este proyecto del Gobierno, que busca realizar una apertura económica indiscriminada para las multinacionales tecnológicas, se enmarca en un entramado que habría comenzado con la llegada del magnate Peter Thiel a la Argentina. Las reuniones entre el presidente de Palantir y el ministro de Economía, Luis Caputo, podrían explicar las razones de porqué el “Súper Rigi” es un régimen hecho a medida para gigantes tecnológicos extranjeros.
En línea con el programa lanzado por Capital Humano “Gemelo Digital Social”, en el que también estaría involucrado Peter Thiel, otra de las incógnitas que abre el Súper RIGI es ¿Qué pasará con la Soberanía Digital y datos de los argentinos? El régimen permitiría el desembarco de grandes compañías de inteligencia artificial y centros de datos sin exigir prácticamente ninguna contraprestación: no habría obligación de transferencia tecnológica, desarrollo científico local, contratación de proveedores argentinos ni articulación con universidades nacionales.
De este modo, el oficialismo continúa con su modelo económico: una economía extremadamente abierta al capital global, con baja regulación y fuertes beneficios fiscales para grandes inversores extranjeros. La problemática es que esa apertura indiscriminada puede terminar debilitando la recaudación del Estado, agravando la desigualdad frente a las empresas nacionales y dejando áreas estratégicas de información y tecnología argentina bajo control de corporaciones extranjeras durante las próximas tres décadas.
