Juan Salguero Simoy
Los datos de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) muestran que el 61% de las empresas del sector redujo su producción durante el primer trimestre de 2026, mientras que las firmas afectadas registraron una caída promedio del 39% en sus niveles de fabricación. Detrás de estos números se vislumbra el desplome del consumo y la apertura comercial que golpea de lleno a una actividad estratégica para el empleo industrial argentino.
Esta crisis ya dejó de ser una estadística para convertirse en una realidad palpable dentro de las fábricas. En Tierra del Fuego, BGH decidió paralizar temporalmente sus líneas de producción de televisores y aires acondicionados durante julio, una medida que impacta a más de mil trabajadores. A su vez, el Grupo Mirgor suspendió por tiempo indeterminado operarios de su unidad Motrex, mientras que empresas como Iatec, Famar y Brightstar implementaron esquemas rotativos con suspensiones periódicas para reducir costos frente al derrumbe de las ventas. El caso más extremo es el de Aires del Sur, fabricante de las marcas Electra y Fedders, cuya quiebra fue confirmada por la Justicia, sellando el cierre definitivo de sus instalaciones.
Las cifras revelan que el problema ya no es situacional. Seis de cada diez fábricas operan con niveles de actividad críticos y acumulan mercadería sin vender en sus depósitos. La caída del consumo aparece como el principal factor detrás de este escenario. El deterioro del poder adquisitivo de los salarios obligó a las familias a concentrar sus ingresos en alimentos, servicios públicos y gastos esenciales, relegando la compra de bienes durables como celulares, televisores, equipos de climatización o electrodomésticos. En un contexto donde cada vez cuesta más llegar a fin de mes, la tecnología dejó de ser una prioridad para millones de hogares.
A esta situación se suma la apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional. La eliminación de aranceles para la importación de celulares y otros productos tecnológicos modificó por completo las condiciones de competencia. Las empresas sostienen que hoy resulta más rentable importar equipos terminados desde Asia que producirlos o ensamblarlos en plantas argentinas. La consecuencia inmediata es la pérdida de competitividad de la industria local y el debilitamiento de un entramado productivo que durante décadas generó empleo calificado y desarrollo tecnológico.
El problema se agrava por el incremento de los costos de producción medidos en dólares. Las fábricas enfrentan mayores gastos logísticos, energéticos y de transporte, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos como Tierra del Fuego. Al mismo tiempo, los insumos importados fundamentales para la fabricación electrónica registraron aumentos significativos, elevando entre un 15% y un 35% los costos unitarios de producción. En ese contexto, el 61% de los empresarios ya descartó realizar nuevas inversiones y prioriza únicamente la supervivencia financiera de sus compañías.
El impacto social de este proceso puede ser profundo. Según CADIEEL, el 32% de las empresas redujo personal mediante la no renovación de contratos temporarios, retiros voluntarios y distintos mecanismos de ajuste. Detrás de cada línea de producción paralizada hay trabajadores que ven amenazada su principal fuente de ingresos y ciudades enteras cuya economía depende de la actividad industrial. La combinación de consumo deprimido, apertura importadora y falta de incentivos productivos plantea un interrogante central: qué ocurrirá con miles de empleos industriales si la única respuesta frente a la crisis es permitir que el mercado reemplace producción nacional por bienes importados.
