Juan Salguero SimoyLa crisis que atraviesa la industria de Tierra del Fuego se convirtió en uno de los ejemplos más visibles del impacto que tienen las políticas económicas del Gobierno nacional sobre el aparato productivo argentino. La combinación entre apertura de importaciones, caída del consumo interno y desregulación aduanera golpeó de lleno al principal polo electrónico del país, generando un fuerte derrumbe de la producción y el empleo industrial.
Tierra del Fuego construyó gran parte de su economía alrededor del régimen de promoción industrial. La actividad electrónica representa cerca del 35% del Producto Bruto provincial y funciona como uno de los principales motores del empleo local.
Sin embargo, el modelo impulsado por la gestión de Javier Milei comenzó a erosionar rápidamente esa estructura. El Gobierno avanzó con el Decreto 333/2025, que eliminó los aranceles para la importación de celulares y productos tecnológicos, dejando a las plantas fueguinas frente a una competencia extremadamente desigual.
Hasta ese DNU, la industria local sobrevivía gracias a un esquema de protección que compensaba los elevados costos logísticos, energéticos y salariales de producir en la Patagonia. Con aranceles reducidos al 0%, las empresas locales perdieron el principal escudo que les permitía competir frente a productos importados terminados.
El problema además se profundiza por la fuerte caída del consumo interno. El ajuste fiscal, la pérdida de poder adquisitivo y la recesión económica redujeron drásticamente las ventas de electrodomésticos y tecnología. Así, la industria fueguina quedó atrapada entre la baja del mercado interno y una competencia desleal ante las importaciones.
Los números reflejan la magnitud de la crisis. Según datos de la Fundación Innovación Fueguina, el empleo industrial cayó más del 20% durante el inicio de 2026. La provincia pasó de casi 9 mil operarios fabriles a poco más de 7 mil trabajadores, mientras que el sector electrónico perdió cerca de 2 mil puestos en apenas dos meses.
La producción también se desplomó. Entre enero y febrero, la actividad electrónica cayó un 54,8% interanual y el acumulado de los primeros cuatro meses del año ya muestra una retracción superior al 37% frente a 2025. Empresas como BGH paralizaron líneas de producción, Mirgor suspendió actividades y otras firmas directamente comenzaron a abandonar el esquema de fabricación local para transformarse en importadoras.
Aunque el Gobierno sostiene que la apertura permitirá bajar precios para los consumidores, miles de familias se quedan sin su fuente de ingresos y el consumo cae al ritmo del deterioro del poder adquisitivo. De este modo, la crisis fueguina expone uno de los principales problemas del modelo económico libertario: el abaratamiento de costos, mediante desregulaciones, amenaza con desmantelar uno de los principales polos industriales del país en medio de una economía cada vez más recesiva.
