Fábricas paradas y obras detenidas: el modelo del Gobierno vuelve a impactar sobre la producción

La industria argentina volvió a mostrar una fuerte caída, según los últimos datos del INDEC, tanto la construcción como la industria manufacturera registraron una caída interanual del 2,8%, interrumpiendo el leve repunte que ambos sectores habían mostrado durante el mes de marzo. Más allá de los números puntuales, el dato refleja la falta de motores capaces de sostener una recuperación real de la actividad productiva.

La construcción fue uno de los sectores más golpeados. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró además una baja mensual del 4%, evidenciando una aceleración en la caída. El desplome de insumos clave vinculados a la obra pública y la infraestructura deja pocas dudas sobre el origen del problema. El asfalto retrocedió un 15,5%, el hormigón elaborado cayó un 10,2% y el cemento portland se redujo un 12,7%, indicadores directamente asociados al freno de rutas, obras viales y proyectos estatales.

Detrás de estos números aparece la decisión del gobierno de Javier Milei: frenar las obras públicas. La paralización fue presentada como una herramienta para alcanzar el superávit fiscal, pero el costo comienza a sentirse con fuerza en sectores que históricamente funcionaron como generadores de empleo y actividad económica en todo el país.

La industria manufacturera atraviesa una situación similar. La caída interanual del 2,8% y el retroceso mensual del 2,1% muestran que el sector continúa operando muy por debajo de su potencial. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios redujo el consumo interno, provocando una menor demanda de bienes producidos localmente. Como consecuencia, numerosas fábricas trabajan con altos niveles de capacidad ociosa y acumulan stock sin vender.

Los sectores más dependientes del mercado interno son justamente los que muestran los peores resultados. Rubros como textiles y prendas de vestir registran fuertes caídas debido al deterioro del ingreso real de las familias. La desaceleración inflacionaria celebrada por el Gobierno convive con una realidad menos favorable para millones de hogares: salarios que continúan rezagados y un consumo cada vez más debilitado.

A este escenario se suma otro factor que preocupa al entramado productivo: las elevadas tasas de interés y la escasez de crédito. Tanto las pequeñas y medianas industrias como los desarrolladores inmobiliarios encuentran crecientes dificultades para financiar inversiones. En el caso de la construcción, incluso los créditos hipotecarios que reaparecieron en el mercado están orientados principalmente a la compra de viviendas usadas, sin impulsar nuevos proyectos edilicios.

La apertura comercial impulsada por el Ejecutivo también genera tensiones adicionales. La flexibilización de importaciones expone a numerosos sectores manufactureros a competir con productos extranjeros en un contexto de caída de ventas y altos costos locales. Para muchas empresas nacionales, la combinación entre consumo deprimido y mayor competencia externa configura un escenario difícil de sostener.

Los datos muestran que la estrategia económica basada exclusivamente en el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria encuentra límites cada vez más visibles en la economía real. La caída simultánea de la construcción y la industria no solo implica menos producción y menos empleo, sino que también refleja la ausencia de políticas capaces de estimular la demanda, el crédito y la inversión.