Juan Salguero SimoyEl intento del Gobierno Nacional de modificar el Régimen de Zonas Frías podría generar uno de los impactos tarifarios más sensibles del año. La iniciativa impulsada por la gestión de Javier Milei busca limitar un sistema que actualmente otorga subsidios de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas a hogares ubicados en regiones de bajas temperaturas, tanto en la Patagonia como en distintas localidades del centro del país.
La Ley 27.637 fue creada para compensar el mayor consumo energético que necesitan millones de familias para calefaccionarse durante el invierno. El régimen alcanza actualmente a más de cuatro millones de usuarios en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y toda la región patagónica.
La propuesta del Gobierno apunta a eliminar el beneficio automático basado en criterios geográficos y reemplazarlo por un esquema focalizado únicamente en sectores considerados vulnerables. De aprobarse, gran parte de la clase media dejaría de recibir descuentos en las boletas de gas.
El principal temor gira alrededor del impacto tarifario. Gobernadores, legisladores y asociaciones de consumidores advierten que la quita del subsidio podría provocar aumentos de entre el 35% y el 60% en las facturas, e incluso superiores al 100% en algunas provincias, justo antes de la llegada del invierno.
En ese sentido, la modificación del régimen repercutirá no sólo en las tarifas, sino que en consecuencia podría afectar el bienestar social, porque en muchas regiones del país el gas no representa un gasto de confort, al contrario, es una necesidad básica de supervivencia. En zonas donde las temperaturas bajo cero son habituales, las familias consumen obligatoriamente mucho más gas que en el AMBA para poder calefaccionarse.
Además, el eventual aumento llega en un contexto de fuerte deterioro económico, caída del consumo y pérdida de poder adquisitivo. Para muchos hogares de clase media, que no califican como sectores vulnerables pero tampoco logran recuperar ingresos y afrontar necesidades básicas. Por ello, el salto en las tarifas podría volverse difícil de afrontar.
El gobernador de Martín Llaryora fue uno de los primeros en rechazar la iniciativa. Advirtió que más de 600 mil familias cordobesas perderían el beneficio y cuestionó que el ajuste recaiga sobre provincias del interior mientras continúan existiendo subsidios concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires también crece la preocupación. Más de 90 municipios bonaerenses, especialmente en la Costa Atlántica y el interior provincial, podrían sufrir fuertes aumentos en las boletas de gas.
El Gobierno, bajo la órbita del ministro de economía, Luis “Toto” Caputo, y la Secretaría de Energía, se escuda en el déficit 0 para cambiar el régimen. Lo cierto es que Zonas Frías posee financiamiento propio mediante un recargo solidario aplicado en las facturas de gas de todo el país.
De este modo, las modificaciones que busca llevar adelante el Poder Ejecutivo refleja podría significar un riesgo político para el núcleo de Casa Rosada. Sobrecargar a la clase media con aumentos tarifarios en servicios esenciales, en medio de una crisis económica, generaría un fuerte malestar social en la población y traería más rispideces entre Nación y las provincias del interior.
