El estudio, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2026 sobre una muestra de 1.200 casos a nivel nacional, muestra que la imagen negativa de Adorni alcanza el 66%, mientras que apenas el 21,5% mantiene una valoración positiva. Un 5,9% no sabe y un 6,6% no lo conoce .
La evolución de estos números refleja un deterioro sostenido: en comparación con mediciones anteriores, la negatividad creció de manera constante hasta consolidarse como predominante, marcando uno de los peores momentos en la imagen pública del funcionario.
En cuanto al nivel de conocimiento del caso, el informe indica que la mayoría de la población está al tanto de las denuncias: un 36,9% afirma haber escuchado “bastante” sobre el tema y un 35,1% “algo”, mientras que solo minorías declaran no haber tenido contacto con la información . Esto sugiere que el episodio logró instalarse con fuerza en la agenda pública.
Uno de los datos más contundentes del relevamiento es la demanda de explicaciones: el 77,9% de los encuestados considera que Adorni, en su condición de funcionario público, debe explicar cómo financia sus viajes, frente a apenas un 8% que cree que no corresponde .
En la misma línea, el 70,4% se muestra de acuerdo con la afirmación “Adorni debería renunciar”, mientras que solo el 18,2% rechaza esa posibilidad . Este dato refleja no solo un cuestionamiento ético, sino también una erosión política relevante.
Respecto a la gestión de la crisis, la opinión pública también es mayoritariamente crítica. El 70,2% considera que la defensa del funcionario y del gobierno fue una estrategia para “tapar, distraer o demorar” el tema, mientras que apenas el 15,3% la interpreta como una respuesta transparente .
Consultados sobre cuál habría sido la mejor estrategia, la opción más elegida fue “mostrar documentos y comprobantes públicamente” (31,6%), seguida por “dar un paso al costado hasta que se aclare” (17,5%) y “responder todas las preguntas sin confrontar” (15,9%) . Esto marca una expectativa clara de mayor transparencia y menor confrontación.
El informe de Zuban Córdoba no solo refleja el impacto puntual del caso, sino que también deja entrever un clima de época: altos niveles de exigencia hacia los funcionarios, baja tolerancia frente a sospechas de corrupción y una demanda social creciente de rendición de cuentas.
En este contexto, el “AdorniGate” se configura no solo como una crisis individual, sino como un episodio con potencial de afectar la credibilidad del gobierno en su conjunto, en un escenario donde la opinión pública parece cada vez menos dispuesta a conceder margen ante este tipo de situaciones.
