Federico Sturzenegger ya no representa solamente a un ministro del gabinete nacional. Es la expresión más acabada del modelo que Javier Milei prometió llevar hasta sus últimas consecuencias: menos Estado, eliminación de regulaciones y apertura de mercados bajo la premisa de que cualquier intervención pública constituye, por definición, un obstáculo para el desarrollo.
El problema para el Gobierno es que esa fórmula comenzó a chocar con la realidad.
Los últimos tropiezos alrededor de la actividad portuaria y la Ley de Tierras dejaron al descubierto una dificultad que excede al propio funcionario. La desregulación dejó de ser presentada como una herramienta para mejorar el funcionamiento de la economía y pasó a funcionar como un dogma. El objetivo parece ser eliminar normas para exhibir una estadística, aun cuando no siempre se analicen previamente sus consecuencias productivas, laborales, territoriales o políticas.
La reforma de los servicios de practicaje y pilotaje constituye el ejemplo más evidente. El Gobierno avanzó con una modificación sensible sobre una actividad estratégica para el comercio exterior, pero el conflicto derivó en una medida de fuerza que paralizó operaciones portuarias y obligó al Ejecutivo a suspender la aplicación de la medida. No se trató de una resistencia abstracta del llamado “Estado presente”, sino de un problema concreto provocado por una desregulación que no contempló adecuadamente el funcionamiento integral del sistema.
El episodio resultó particularmente contradictorio: una medida diseñada para reducir costos y facilitar la actividad privada terminó afectando exportaciones y generando incertidumbre entre las propias empresas que necesitaban operar. La supuesta solución contra la burocracia estuvo cerca de transformarse en una nueva barrera para la producción.
A ese revés se sumó la imposibilidad de avanzar con la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa tampoco logró reunir el respaldo político necesario y debió ser retirada del debate legislativo junto con otros cambios vinculados al manejo del fuego. Una vez más, la Casa Rosada presentó una cuestión compleja —que involucra inversión, soberanía territorial, recursos naturales y seguridad estratégica— como si se tratara simplemente de remover una regulación molesta.
El modelo Sturzenegger parte de una concepción deliberadamente simplificada del Estado. Según esa mirada, detrás de cada norma existe un privilegio, una traba o un “curro” que debe ser eliminado. Sin embargo, no todas las regulaciones tienen el mismo origen ni cumplen la misma función. Algunas pueden ser innecesarias o quedar desactualizadas, pero otras establecen estándares de seguridad, protegen recursos estratégicos, ordenan mercados concentrados o evitan que la competencia se produzca en condiciones profundamente desiguales.
Gobernar no consiste en contabilizar normas derogadas. Requiere identificar cuáles deben modificarse, cuáles pueden eliminarse y cuáles continúan siendo necesarias. También exige dialogar con los sectores afectados, prever consecuencias y construir acuerdos capaces de sostener las reformas.
En ese punto aparece la principal debilidad del ministro. Sturzenegger puede presentar extensos inventarios de regulaciones eliminadas, pero le cuesta explicar cuál es el impacto efectivo de esas decisiones sobre la inversión, el empleo, la productividad y la competitividad. El éxito de una política pública no puede medirse únicamente por la cantidad de decretos publicados ni por la velocidad con la que se reduce la estructura estatal.
El Gobierno sostiene que durante su gestión se modificaron o eliminaron miles de regulaciones y continúa definiendo al ministro como una figura clave. Sin embargo, los últimos retrocesos muestran que la velocidad desreguladora no siempre estuvo acompañada por la misma capacidad para evaluar riesgos, articular intereses y sostener políticamente las decisiones. Tras las controversias, la Casa Rosada ratificó públicamente el respaldo presidencial a Sturzenegger, aunque también trascendieron fuertes cuestionamientos internos por la falta de coordinación de sus iniciativas. TN informó que el Ejecutivo debió retroceder tanto en la reforma portuaria como en capítulos sensibles de su agenda legislativa.
La gran duda que atraviesa hoy al Gobierno es si conviene desplazar al ministro o mantenerlo en su cargo para evitar una derrota discursiva.
Sacar a Sturzenegger podría resolver una parte de la interna, facilitar la relación con sectores productivos y permitir una revisión de la estrategia. Pero también obligaría a Milei a reconocer que el problema no fue solamente la comunicación o la resistencia de determinados intereses, sino el modo en que se diseñó y ejecutó una parte central de su programa.
Sturzenegger es demasiado importante para el relato libertario como para removerlo sin consecuencias. Fue convertido en el arquitecto de la desregulación, el encargado de transformar la “motosierra” en decisiones administrativas y uno de los principales símbolos de la batalla contra el Estado. Si el Presidente decidiera apartarlo, no estaría realizando un simple recambio ministerial: estaría cuestionando a uno de los autores intelectuales de su propio modelo.
Por eso el Gobierno quedó atrapado. Si lo sostiene, deberá asumir el costo de nuevas iniciativas sin coordinación política y con efectos difíciles de anticipar. Si lo desplaza, admitirá que la desregulación indiscriminada también puede perjudicar a los sectores que dice querer liberar.
La discusión, en definitiva, ya no pasa solamente por la continuidad de Federico Sturzenegger. Lo que está en juego es si el Gobierno puede corregir su rumbo sin considerar cualquier rectificación como una traición ideológica.
Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido redoblar el respaldo. Pero detrás de esa defensa aparece una pregunta cada vez más incómoda: ¿Milei mantiene a Sturzenegger porque todavía confía plenamente en su gestión o porque echarlo significaría reconocer el fracaso de una parte esencial del discurso libertario?
