El relato económico del Gobierno empieza a mostrar fisuras cada vez más difíciles de disimular. Mientras desde la Casa Rosada insisten en negar un nuevo aumento de los combustibles, en los surtidores la realidad cuenta otra historia: las estaciones de servicio ya aplicaron subas que impactan de lleno en la cadena de precios. La consecuencia es directa y conocida: presión inflacionaria adicional en un contexto donde el margen de tolerancia social parece agotarse.
El titular de YPF, Horacio Marín, se alineó con la narrativa oficial que intenta desacoplar los movimientos del precio de la nafta del índice general de precios. Sin embargo, en la práctica, cada ajuste en los combustibles repercute en transporte, logística y costos productivos, funcionando como un multiplicador inflacionario difícil de contener. En ese escenario, distintas consultoras privadas ya recalibran sus proyecciones y ubican la inflación mensual más cerca del 3% que del objetivo implícito del Gobierno.
El problema ya no es solo económico, sino también político. Javier Milei construyó buena parte de su capital simbólico sobre la promesa de una rápida desaceleración inflacionaria. Pero cuando la realidad empieza a desmentir el discurso, el costo no es solo técnico: es de credibilidad. Y en política, la pérdida de credibilidad suele ser el principio de un deterioro más profundo.
A esto se suma un frente interno cada vez más expuesto. El caso de Manuel Adorni, convertido en un foco de desgaste por sus intervenciones públicas, dejó al descubierto tensiones dentro del oficialismo. Puertas adentro, crecen las críticas a una estrategia comunicacional que, lejos de ordenar, amplifica contradicciones.
En paralelo, la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei agrega un condimento adicional de inestabilidad. Se trata de una disputa de poder que no solo atraviesa la toma de decisiones, sino que también condiciona el rumbo político del Gobierno. Cuando la conducción se fragmenta, la gestión pierde coherencia y el margen de maniobra se reduce.
El trasfondo de este escenario es una economía que muestra señales de estancamiento. Sin motores claros de crecimiento y con un ajuste que golpea el consumo, el Gobierno enfrenta un dilema complejo: sostener el rumbo sin resultados visibles o recalibrar su estrategia a riesgo de erosionar su identidad política.
En ese contexto, el objetivo de llegar con fortaleza a 2027 empieza a verse más desafiante de lo previsto. La combinación de inflación persistente, tensiones internas y desgaste comunicacional debilita el andamiaje sobre el que se construyó el proyecto libertario.
El riesgo, cada vez más tangible, es que el relato pierda definitivamente su capacidad de ordenar la realidad. Y cuando eso ocurre, la política deja de ser un ejercicio de construcción simbólica para convertirse en una carrera contra los hechos.
