—Se conocieron los primeros lineamientos de la reforma laboral del gobierno. ¿Qué lectura hace de esos cambios?
—Se presentó el debate sobre una posible extensión de la jornada laboral a 13 horas, una situación propia de los tiempos del preperonismo. Sin embargo, el mundo discute hoy la reducción de la jornada diaria, mensual y semanal. Mientras nosotros continuamos con una jornada de 8 horas, tal como establece la Ley 11.544, promulgada en 1929, Brasil tiene un límite de 44; Chile, de 40; y la presidenta de México anunció que impulsará la reducción a 40 horas semanales.
En ese sentido, quiero resaltar que, cuando la extrema derecha viene con flexibilización laboral, lo único que está haciendo es perjudicar las conquistas y los derechos históricos que tienen los trabajadores. Sus políticas están a destiempo de un mundo del trabajo que nada tiene que ver con estas propuestas de la extrema derecha.
Cuando se habla de modernidad o de actualizar las cuestiones laborales, desde la cartera laboral no tenemos ninguna dificultad en debatir todo lo que haya que debatir. No hay que negarse a lo que viene, sino adaptarlo, configurarlo, pero siempre con la convicción de que el derecho del trabajador y la trabajadora tiene que ser respetado.
—¿Qué propuestas impulsa la provincia en contraposición?
—Desde el gobierno bonaerense queremos aportar dos experiencias. Por un lado, este año, el gobernador presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense —que ojalá los diputados y las diputadas traten— donde se propone “Liclos”, una instancia con conciliación obligatoria prejudicial. Con eso desactivamos y desarticulamos un cuello de botella que afecta a 100.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia, que no pueden acceder a lo que les corresponde en términos salariales e indemnizatorios.
Por otro lado, estamos configurando un proyecto de ley para los trabajadores y trabajadoras de plataformas, donde se comprende la metodología en términos de aplicación. Se sostienen los derechos laborales y se incorpora esta idea de cambio de matriz, donde hay compañeros y compañeras que anteponen la cuestión del tiempo por sobre la monetaria.
—Tenemos el caso de la toma de la Acería de Berisso o el acampe de los trabajadores de ILVA. Se están agudizando los conflictos como en Georgalos o en Fate, ¿cómo va a actuar la provincia?
—Actuamos con absoluta convicción y conciencia en defensa de los derechos de los trabajadores, y con una conciencia sólida en términos de accionar legal. Estamos muy encima de la conflictividad y, sinceramente, estamos haciendo un trabajo en equipo con las organizaciones sindicales.
—Yendo a la provincia de Buenos Aires, vemos cierres de industrias como Ilva o Cerámica Cortines en Luján, y muchas más en el interior. ¿Cómo están actuando las empresas ante estos conflictos gremiales?
—En los últimos meses, más de 200.000 familias perdieron sus empleos. No son solamente números: son compañeros y compañeras. En este contexto tan difícil, las empresas actúan de diferentes maneras. Hay algunas que recurren —como en el año 1998— a los tribunales comerciales, donde piden concurso de acreedores. Otras obran de buena fe y hacen todo lo posible por sostener los puestos de trabajo. Y hay otras, obviamente, que actúan de mala fe.
Para los tres casos, la provincia de Buenos Aires tiene un mandato constitucional: el artículo 39 de la Constitución bonaerense, que consagra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El proceder y accionar, por mandato del gobernador, es claro: “dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”. Y de esa forma lo estamos llevando adelante.
Lo que sí es una realidad es que, más allá de todo el impulso y la fuerza que cotidianamente pone nuestro gobernador, el contexto es muy difícil: tenemos un gobierno nacional que no habla de trabajo, no habla de producción y mucho menos de derechos laborales. Un gobierno que se dedica a la timba financiera, tanto en términos locales como internacionales.
—¿A qué CGT vamos en estos momentos?
—La CGT tiene que ser sumamente sólida en términos de unidad porque tenemos una espada de Damocles: un mandato del Fondo Monetario Internacional, otro de Donald Trump y el acatamiento del gobierno de extrema derecha de Milei en su intento de flexibilizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y, como peronista, te diría que su intención es retrotraer la situación del trabajador y la trabajadora a un preperonismo.
—Quedan dos años todavía de gobierno libertario. ¿Qué actitud debe tomar el sindicalismo?
—La elección de la CGT fue ejemplo de democracia participativa: la verdadera democracia peronista. No la electoralista, sino la participativa. Donde hubo diferencias, donde hay matices, y los compañeros levantaron la mano y se impuso la voluntad colectiva.
Este hecho humilde, sencillo, de los trabajadores y trabajadoras, es lo que tiene que priorizarse en términos de cómo nos organizamos para el futuro: con la centralidad de la clase trabajadora y volviendo a construir un peronismo con esa centralidad.
—¿Y cómo se traduce esa unidad en la acción política y gremial frente a lo que viene?
—Hace poco recordamos lo de Braden o Perón: Perón le ganó a Braden, pero su alianza estratégica fue con los trabajadores. Hoy también es con los trabajadores. Y yo, como militante peronista, voy a hacer todo lo posible para construir una esperanza, para construir el futuro, que entiendo que encarna mi gobernador, Axel Kicillof.
