Escándalo en el Edificio Libertador: recursos públicos para un familiar, abandono para la tropa

Por Alicia Panero 

En medio de una crisis sanitaria que golpea de lleno a las Fuerzas Armadas, un nuevo escándalo sacude al Ministerio de Defensa. Mientras miles de militares y sus familias denuncian falta de atención, turnos suspendidos y prestaciones recortadas, el suegro del ministro Luis Presti recibe un trato VIP: vehículos oficiales, choferes y personal de seguridad lo trasladan a consultas médicas de rutina (la última fue al odontólogo) como si se tratara de un alto funcionario del Estado. Cuando otros militares retirados añosos mueren o tienen que recurrir a colectas para pagar una medida cautelar para que la iosfa les cubra prestaciones vitales.

Según confirmaron fuentes internas, los autos oficiales de Defensa habrían sido utilizados en repetidas ocasiones para llevar al familiar del ministro a turnos médicos de baja complejidad, incluso a clínicas privadas, en horarios laborales y con personal de custodia asignado especialmente para esa tarea. La situación genera indignación dentro de la estructura castrense, donde el malestar crece día a día.

“No tenemos cobertura. Los uniformados están pidiendo medicamentos por WhatsApp y haciendo colectas para pagar estudios básicos. Pero para el suegro del ministro sí hay autos, choferes y seguridad”, denunció un oficial superior que pidió reserva de identidad por temor a represalias.

La bronca no es nueva. Desde principios de año, el sistema de salud militar atraviesa una parálisis casi total: tratamientos oncológicos demorados, cirugías suspendidas, guardias mínimas, falta de insumos esenciales y pacientes que viajan horas para ser atendidos—si es que consiguen turno. Algunas familias han tenido que endeudarse para acceder a prácticas que históricamente cubría el Estado.

En este contexto crítico, la revelación de un presunto “servicio premium” para un familiar del ministro cayó como una bomba en los pasillos del Edificio Libertador. “Esto ya no es desidia, es abuso de poder”, afirmó otro integrante de la fuerza. “Los soldados que están en frontera no pueden hacerse una placa, pero un familiar va y viene en autos oficiales. Es una burla”.

La utilización de vehículos del Estado para fines personales está expresamente prohibida por las normas administrativas y constituye un posible delito de malversación. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio no brindó explicaciones públicas ni desmintió la información.

Mientras tanto, las asociaciones de retirados, las familias de militares y varios jefes de unidad reclaman una respuesta urgente: ¿Por qué se destinan recursos públicos para privilegios privados mientras el sistema de salud de las Fuerzas Armadas se desmorona?

El silencio oficial solo alimenta la indignación. El jueves 26 de marzo habrá una marcha hacia el ministerio de defensa, organizada por los damnificados de la IOSFA, mientras el ministro viaja al Pentágono con su comitiva a realizar tareas de vital importancia, aunque no sabemos para quien.