Juan Salguero SimoyEl Gobierno nacional anunció una nueva baja de retenciones para el campo y distintos sectores industriales. La medida fue presentada por el Presidente, Javier Milei, durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La decisión es paradigmática, mientras el Ejecutivo sostiene uno de los ajustes fiscales más fuertes de las últimas décadas sobre salarios, jubilaciones y servicios públicos, avanza con una reducción impositiva que implica una pérdida millonaria de recaudación para el Estado.
Durante el discurso, el mandatario confirmó una baja de retenciones para el trigo y la cebada, que pasarán del 7,5% al 5,5%, además de una reducción progresiva para la soja desde enero de 2027. También se eliminarán totalmente las retenciones para sectores industriales como el automotriz, petroquímico y de maquinaria.
El Gobierno justificó la decisión bajo la idea de que el equilibrio fiscal alcanzado permite empezar a reducir impuestos para aliviar la carga sobre los sectores productivos. Según el oficialismo, la medida busca incentivar inversiones, mejorar la competitividad y aumentar la liquidación de dólares del agro.
Sin embargo, la decisión llega en medio de un ajuste que golpea de lleno amplios sectores de la sociedad. Desde su asunción la administración libertaria avanzó con recortes en salud, educación, universidades, subsidios energéticos, ciencia y obra pública bajo el argumento permanente de que “no hay plata”.
La contradicción política aparece de forma evidente. Mientras millones de trabajadores enfrentan pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y aumentos de tarifas, el Estado resignará más de USD 350 millones por esta nueva rebaja y alrededor de USD 511 millones anuales si se suman las reducciones previas otorgadas al sector agroexportador.
El oficialismo sostiene que el alivio impositivo responde a la caída internacional de los precios de los granos y al deterioro de la rentabilidad del productor. También busca evitar que los exportadores retengan cosechas esperando una futura devaluación o cambios tributarios, incentivando así una liquidación más constante de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central.
Pero detrás de la explicación económica también existe una clara señal política hacia uno de los sectores históricamente más influyentes del país. El anuncio funciona como un gesto directo hacia el núcleo agroexportador, un espacio que acompañó electoralmente a Javier Milei y que venía reclamando una reducción acelerada de los derechos de exportación.
El problema para el Gobierno es que la rebaja de impuestos al campo ocurre mientras se profundiza el ajuste sobre la población general. La reducción del gasto estatal afectó programas sanitarios, medicamentos, universidades públicas, subsidios al transporte y asistencia social, generando un deterioro cada vez más visible sobre las condiciones de vida.
Además, más allá de la recaudación, los derechos de exportación funcionan como una herramienta para redistribuir parte de la renta extraordinaria del sector agroexportador y desacoplar parcialmente los precios internos de los internacionales.
En términos económicos, el Gobierno apuesta a que la baja de retenciones genere más producción y entrada de dólares. Pero en términos sociales y políticos, la imagen que deja el anuncio es difícil de ignorar: mientras el ajuste se descarga sobre jubilados, trabajadores y sectores medios, el Estado decide resignar recursos fiscales para beneficiar a los sectores de mayor capacidad exportadora, en un contexto donde cada peso que podría estar destinado al gasto público es cortado por la motosierra.
