Juan Salguero SimoyLa inflación de abril marcó una desaceleración al ubicarse en 2,6%, según informó el INDEC. El dato representó una baja de casi un punto respecto al 3,4% registrado en marzo y se convirtió en el índice mensual más bajo de los últimos cinco meses. Sin embargo, detrás de la celebración del oficialismo aparece un fenómeno cada vez más evidente en la economía argentina, la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo son los principales motores para llegar a la desaceleración inflacionaria.
El Gobierno de Javier Milei volvió a presentar el dato como una confirmación del rumbo económico, apoyado en el ajuste fiscal y la política monetaria contractiva impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo. Sin embargo, distintos economistas advierten que la desaceleración no responde a una recuperación de la micro ni a una mejora estructural, sino a una fuerte recesión que redujo drásticamente la capacidad de consumo de la población.
El dato más ilustrativo aparece en alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros con mayor peso en la vida cotidiana. Allí la inflación fue de apenas 1,5%, impulsada principalmente por el freno en el consumo masivo y la imposibilidad de supermercados y empresas de seguir trasladando aumentos a los precios. Es decir, no bajaron porque los costos hayan dejado de subir, sino porque gran parte de la sociedad dejó de poder comprar.
De este modo, la caída del poder adquisitivo se transformó en el principal “ancla” inflacionaria. Salarios deteriorados, jubilaciones mínimas por debajo de la línea de indigencia y una fuerte retracción del mercado interno obligaron a muchas empresas a contener listas de precios para evitar una caída todavía mayor en las ventas.
En simultáneo, los sectores regulados continuaron aumentando muy por encima del promedio general. Las tarifas de servicios públicos encabezaron las subas con un incremento del 4,7%, mientras que Transporte cerró abril con un alza de 4,4% impulsada por combustibles y tarifas.
Es decir, la desaceleración inflacionaria no implicó una mejora para los hogares de los argentinos. Por el contrario, muchos de los gastos inevitables para las familias, como luz, transporte, alquileres y servicios, siguieron aumentando por encima del índice general.
En paralelo, el dato presentado por el INDEC continúa lejos de los objetivos oficiales. Aunque el índice mensual desaceleró, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre ya alcanzó el 12,3%, superando la meta anual de 10,1% que el propio Gobierno había proyectado en el Presupuesto 2026.
La alarmante situación en torno al deterioro del poder adquisitivo también se refleja en las canastas básicas. Según el INDEC, una familia tipo necesitó en abril más de $1.469.000 para no caer bajo la línea de pobreza. La Canasta Básica Total aumentó 2,5% mensual, mientras que la Canasta Básica Alimentaria subió 1,1%.
Para varios especialistas, el actual proceso de desinflación tiene un costo social cada vez más visible. El economista Hernán Letcher le había advertido a POLITICAR que “el costo de la desinflación será que la gente viva mucho peor”, en referencia al deterioro de ingresos, empleo y consumo que acompaña el estancamiento de precios.
La lógica económica detrás del programa oficial se sostiene sobre una fuerte contracción monetaria y un ajuste que redujo circulación de dinero en la economía. Con menos pesos en la calle, menor actividad y ventas en caída, las empresas pierden margen para aplicar aumentos agresivos.
El Gobierno logra mostrar una baja del índice de precios, aunque cada vez aparecen más señales de que esa estabilidad parcial se construye sobre una caída del consumo, salarios debilitados y una economía que sigue sin recuperar capacidad de crecimiento.
